Entre los artículos que leí durante los últimos días, está uno titulado “Todo comenzó con un sillazo” (“Bajo el penoco”, El Día, 21/08/23), en referencia obvia a la manera en la que las corporaciones que forman parte del MAS, bajo el denominativo de “Pacto de Unidad”, resuelven sus diferencias desde hace unos meses.
En el más reciente congreso de campesinos –la CSUTB, una de las corporaciones anexadas al régimen– se dio un paso que resultó aún más vergonzoso: al haber sido retiradas las sillas por el peligro inminente de que se repitiera el “espectáculo” del día de su inauguración, el enfrentamiento fue de contacto directo –una batalla campal– entre los asistentes que apoyaban a una u otra corriente masista en disputa por el liderazgo de la organización rural, con miras a las elecciones de 2025, en una guerra de posiciones con intereses políticos definidos de antemano: no es una lucha por una dirección sectorial, es una lucha por el poder.
Corporativismo puro y duro, si se tiene en cuenta que, una vez rota la membrana que separa la política en función de gobierno de la independencia sindical, es la prebenda la que sostiene tal relación. En ese sentido, lo que se juega en esta pelea es la disposición de recursos económicos producto de tal mecanismo.
Lo movimientos sociales dejan de ser tales cuando son cooptados por un régimen, del tinte que fuera, para ganar el respaldo de sus dirigencias. Y eso cuesta, desde cargos hasta pagos en efectivo, pasando por “regalos” como ser inmuebles (sedes) y vehículos. Si se quiere mantener la denominación, a pesar de lo argumentado previamente, en Bolivia, los “movimientos sociales” son grupos de interés devenidos en actores políticos –y no es que los miembros de las organizaciones, sobre todo las sindicales, no deban incursionar en política, solo que tienen que hacerlo como individuos y no utilizar a las mismas para sus fines personales–.
A diferencia de un gobierno sostenido en partidos políticos (agregadores de demandas por excelencia), los que se apoyan en corporaciones tienen que lidiar con los intereses particulares de éstas, pues las mismas no tienen (aunque hablen en nombre de “el pueblo”) una visión integradora de la sociedad –se mueven por sus intereses propios–.
Una máxima de la democracia intrapartidaria reza que “las decisiones se toman horizontalmente, pero las determinaciones se acatan verticalmente”. Usualmente, la apertura ocurre en tiempo de preelectoral, el que da lugar a la campaña posterior. Pero el MAS (Morales Ayma, en particular) introdujo la modalidad de la “campaña permanente” y, en tal esquema, todo se vuelve ataque al “enemigo”; ahora, esa dinámica se ha traslado al interior de las corporaciones en las que la lógica amigo-enemigo se ha instalado.
En tiempo de toma de decisiones, las tensiones también se manifiestan en los partidos, pero las agresiones no pasan de las verbales. Por su excepcionalidad, se recuerdan, como anécdotas, ahora, el “silletazo” de Alfonso Alem a Jaime Paz Zamora, a manera de ruptura con el MIR y creación del disidente MBL; o la hamburguesa que alguien le lanzó a Samuel Doria Medina, en circunstancias parecidas. Pero despute semejante al que se vio el último fin de semana, no se había visto antes.
Es decir que “la nueva forma de hacer política” que ofreció el MAS hace veinte años, había sido la puesta en escena de los más bajos instintos, en la que debería ser una noble actividad humana, a fin de permanecer en el poder.
