Una grave acusación sacude el escenario político de La Paz. Danitza Quintanilla ex candidata al municipio de Chulumani denunció públicamente a Augusto Oblitas, candidato a la Gobernación paceña, presidente y delegado de la Alianza Social Patriótica (ASP) ante el Tribunal Supremo Electoral, de realizar presuntos cobros irregulares y maniobras para favorecer candidaturas dentro del proceso electoral subnacional. La denunciante sostiene que entregó dinero para poder postularse a la Alcaldía de Chulumani, so pretexto de «aporte para la campaña».
Según el testimonio de Quintanilla, Augusto Oblitas le solicitó un “aporte” de Bs 5.000 para la «campaña» de su candidatura, monto que —afirma— fue entregado en efectivo con la expectativa de competir en los comicios. “Me pidió ese dinero como ‘aporte para la campaña’ pero nunca nos dieron ni un globo. Después me ofrecieron devolverlo si renunciaba para que habilite a otro candidato”, declaró.
La ex candidata señala que posteriormente se le planteó una segunda condición: renunciar a su postulación para permitir la candidatura de Hernán Justo,
quien —según su versión— ya contaba con toda la documentación necesaria para participar en las elecciones. La propuesta, asegura, incluía la devolución del dinero entregado inicialmente.
Los hechos, de acuerdo con la denunciante, comenzaron el 24 de diciembre, cuando presentó su carpeta completa como candidata ante el Tribunal Electoral Departamental a través del delegado partidario. Sin embargo, el 9 de enero, el Tribunal publicó la primera lista de habilitados e inhabilitados y Quintanilla apareció fuera de la contienda, lo que motivó la presentación de una apelación el 12 de enero.
La polémica se intensificó el 30 de enero, cuando el organismo electoral difundió un segundo listado. En esa publicación, la denunciante volvió a figurar como inhabilitada. No obstante, otros postulantes que —según afirma— tenían documentos incompletos similares sí fueron habilitados, lo que despertó mayores sospechas dentro del proceso.
Ante esa situación, el 4 de febrero, Quintanilla presentó un recurso de Revisión Extraordinaria ante el Tribunal Supremo Electoral a través de su abogado. Pero al día siguiente, fecha límite para la sustitución de candidatos, asegura haber sorprendido a Oblitas presentando la carpeta de otro postulante (Gualberto Alarcón) como primer concejal sin su autorización, lo que interpretó como un intento de reemplazarla en la candidatura.
El proceso continuó con la publicación del listado final de habilitaciones el 20 de febrero. Finalmente, el 24 de febrero, el Tribunal emitió una resolución declarando improcedente el recurso de revisión extraordinaria, lo que dejó firme la inhabilitación de Quintanilla para participar en la contienda municipal por la presentación incompleta de documentos en su inscripción, aspecto totalmente bajo la responsabilidad del delegado Oblitas.
La denunciante anunció que iniciará acciones legales para formalizar la acusación, argumentando que los hechos constituyen irregularidades graves que vulneran derechos políticos y constitucionales. “Voy a presentar la denuncia correspondiente porque se ha manipulado ‘a propósito’ mi documentación y por ende vulnerado mi derecho ciudadano y constitucional a participar en las elecciones”, sostuvo, mientras el caso amenaza con abrir un nuevo foco de controversia en la carrera electoral paceña.
