La crisis política y social sumó este martes un nuevo capítulo de presión sobre el Gobierno. La Central Obrera Boliviana (COB) entregó oficialmente su propuesta denominada «Conminatoria y planteamiento de pacificación y recuperación del país«, un documento de ocho ejes que exige respuestas inmediatas del presidente Rodrigo Paz. Paralelamente, las organizaciones campesinas Túpac Katari y Bartolina Sisa condicionaron cualquier acercamiento al diálogo al cumplimiento de cinco exigencias en un plazo fatal de 24 horas.
La propuesta de la COB fue recepcionada en la Presidencia por la funcionaria Gilda Céspedes y plantea que el proceso de negociación se desarrolle con «mecanismos de seguimiento público, plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles«. Además, solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal ni judicialización de las protestas sociales.
Uno de los aspectos más llamativos del documento es que, pese a las advertencias posteriores de sus dirigentes, no incluye el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, demanda impulsada por sectores movilizados durante el actual conflicto. En cambio, el primer eje se enfoca en derechos humanos y pacificación, con exigencias como el rechazo a la criminalización de la protesta, la suspensión de normas consideradas restrictivas, la revisión de procesos contra dirigentes y la liberación de personas detenidas durante las movilizaciones.
En el ámbito económico, la COB marcó una línea roja: «No a la privatización de las empresas públicas estratégicas». El documento rechaza cualquier intento de capitalización, concesión encubierta o transferencia de activos estatales a intereses privados nacionales o extranjeros. Asimismo, cuestiona la contratación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y exige transparencia sobre eventuales acuerdos con organismos financieros internacionales.
La organización obrera también propuso una redistribución de recursos bajo un esquema de 50% para el nivel central y 50% para gobernaciones y alcaldías, además de medidas para contener la especulación en la canasta familiar, proteger el salario real, garantizar la estabilidad laboral y crear un fondo soberano que permita jubilaciones equivalentes al 100% de los ingresos de los trabajadores. El documento incluye, además, la exigencia de mantener los precios de los combustibles y compensar a los afectados por la distribución de la denominada «gasolina desestabilizada o adulterada«.
Otro punto sensible es la demanda de investigaciones sobre presuntos hechos irregulares. La COB pidió el alejamiento del ciudadano argentino Fernando Cerimedo de cualquier función de asesoramiento gubernamental y planteó una comisión legislativa especial para investigar los casos denominados «narcomaderas» y «narcomaletas«. En el plano ambiental, exigió que los parques nacionales y áreas protegidas no sean destinados a actividades extractivas, además de mantener una política exterior pacifista y acorde con la Constitución.
Sin embargo, la presión no provino únicamente del movimiento obrero. Las federaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa elevaron la tensión al presentar un ultimátum de 24 horas al Ejecutivo. Entre sus cinco demandas figuran la conformación de una comisión de control sobre la denominada «gasolina basura», con auditorías técnicas junto a la UMSA y resarcimientos económicos; el congelamiento por seis meses de intereses, multas y cargos por mora para transportistas, gremiales y pequeños productores; la abrogación de varios decretos supuestamente inconstitucionales; una amnistía presidencial para procesados por bloqueos y la derogación de la Ley 1740 de Estados de Excepción, al considerar que facilita la militarización de las protestas civiles.
«La paz social en Bolivia solo podrá alcanzarse mediante la atención de las demandas planteadas y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la población«, señala la declaración final de la COB. No obstante, el ejecutivo Mario Argollo endureció el tono y advirtió: «Pedimos una respuesta inmediata; de lo contrario, se masificarán las movilizaciones en demanda de la renuncia de Rodrigo Paz«. Con las 20 provincias paceñas declaradas en sesión permanente, Bolivia enfrenta horas decisivas en las que el diálogo o una mayor radicalización podrían definir el rumbo de la crisis.
