De los siete candidatos a Defensor del Pueblo que llegaron hasta la fase de designación solo dos no tienen vínculos con el Gobierno o con el Estado. Tres de los aspirantes estuvieron en el Gobierno en su pasado inmediato pues trabajaron en ministerios; dos trabajaron en oficinas estatales y dos vienen de desempeñarse en la actividad privada.
La nómina de los candidatos que trabajaron en el Gobierno la encabeza el abogado Rubén Julio Estrada Candia, quien aprobó con 7 requisitos de 10 que se exigían. Desde 2007 está vinculado al Gobierno. Trabajó en cuatro ministerios: Trabajo, Gobierno, Presidencia y Salud, ocupando distintos cargos. Su último trabajo fue como jefe departamental del Ministerio de Trabajo, n el presente año.
El segundo candidato con nexos gubernamentales es Porfirio Machado Guisbert. Fue jefe nacional de Asuntos Jurídicos del Senasag, oficina que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde ingresó a trabajar en 2021.
Estuvo como expositor en distintas organizaciones rurales y, según su hoja de vida, escribió 13 libros. La mayor parte de su trayectoria la desarrolló en instituciones de la ciudad de El Alto y la universidad de esa urbe, como docente.
Ramiro Leonardo Iquise Pally, es el tercer postulante vinculado al Gobierno. Fue asesor del municipio de El Alto durante la gestión del ex alcalde Edgar Patana (MAS). Nacido en Potosí, se identificó como quechua y vive en la ciudad de El Alto.
Dos años después ingresaría al Ministerio de Justicia y permaneció en dicha cartera por casi dos años. En junio de 2011, entró a la Defensoría del Pueblo, donde trabajó durante los siguientes 11 años ocupando distintos cargos. Renunció el 31 de marzo de este año.
La abogada Claudia Andrea Calvo Campos fue funcionaria pública. Según su hoja de vida, fue directora de Relaciones Internacionales municipio de Sucre hasta 2021 y antes de eso fue asesora legal en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), hasta 2019.
Pedro Callisaya Aro también es abogado y fue director nacional de Derechos Reales hasta febrero de este año; antes se desempeñó como vocal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Entre 2016 y 2017 fue especialista en Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh); mientras que entre 2010 y 2012 fue jefe nacional de la Unidad de Servicios a la Ciudadanía en la Defensoría del Pueblo.
Las abogadas Luisa Antonia Chipana Ubaras y Evelin Patricia Cossío Márquez son las únicas que no tienen relación con el Estado o el Gobierno.
Luisa Chipana Ubaras es cochabambina y de profesión abogada, tiene maestría en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz, trabajó en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estuvo a cargo de elaboración e implementación de proyectos de desarrollo social.
Evelin Cossío Márquez es de La Paz y abogada de profesión. Fue asesora de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) y fue abogada de Franklin Gutiérrez, el exdirigente de dicha asociación.
Los legisladores, senadores y diputados, aguardan la nueva convocatoria del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, quien al promediar la medianoche de ayer decretó un cuarto intermedio, luego que en dos rondas de votación ningún candidato de los siete en carrera, alcanzara los 2/3 en la elección.
