Vestidos con traje y corbata, algunos candidatos judiciales recorrieron mercados y calles, distribuyendo calendarios y otros artículos, en acciones que simularon campañas políticas convencionales. Estos actos, según un monitoreo reciente, evidenciaron una violación directa a la Ley de Régimen Electoral, que prohíbe explícitamente este tipo de actividades.
El 15 de diciembre de 2024, Bolivia celebrará elecciones judiciales para elegir a una parte de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por una creciente «electoralización» que despertó críticas sobre la imparcialidad de los postulantes.
Un informe reveló que el 85% de los aspirantes realizó campañas indirectas, mientras que el 13% optó por hacerlo de forma directa en redes sociales como Facebook y TikTok, violando las normativas. Solo un 2% respetó la prohibición de difundir propaganda vinculada a su candidatura. Entre las actividades identificadas figuraron la entrega de bolígrafos, panes, adhesivos y calendarios, así como la organización de talleres y seminarios.
En las plataformas digitales, los candidatos compartieron videos donde daban consejos jurídicos, disertaban sobre justicia o incluso celebraban fechas festivas. Según el monitoreo, estas publicaciones, en muchos casos, incluían manipulaciones de contenido oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como videos editados para incitar al voto directo.
«Esta ha sido una campaña que mueve estructuras, donde se ha visto lo más nefasto de la política», denunció la diputada Luciana Campero, quien presentó dos demandas contra el candidato Marcos Miranda por uso indebido de recursos públicos y promoción personal en actos oficiales.
Otro hallazgo inquietante fue el respaldo de funcionarios públicos en redes sociales y eventos organizados por instituciones estatales. En Tarija, empleados municipales fueron obligados a asistir a talleres liderados por un candidato, mientras que vehículos oficiales y viáticos fueron utilizados para actividades proselitistas.
El TSE, a través del vocal Francisco Vargas, admitió que las acciones identificadas cumplían con los elementos de promoción electoral, aunque señaló dificultades para sancionar debido a la falta de pruebas de transacciones financieras directas por parte de los candidatos.
A medida que las denuncias crecían, se evidenció que las campañas camufladas minaban la credibilidad del proceso electoral, dejando un precedente preocupante para futuros comicios judiciales en Bolivia.
