La exfuncionaria Brenda La Fuente volvió a sacudir el escenario político nacional al denunciar públicamente que el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo fue escenario de sus “encuentros amorosos” con el presidente Luis Arce Catacora. La mujer, quien asegura poseer pruebas comprometedoras, advirtió que las autoridades le impiden ingresar a ese nivel para recabar evidencia, lo que considera un claro intento de encubrimiento desde el poder.
En una conferencia de prensa convocada con carácter urgente, La Fuente reveló que el piso 24 del edificio presidencial “fue el lugar donde se concretaron las reuniones íntimas con el mandatario”, y que su ingreso ha sido bloqueado de manera sistemática. “No me dejan acceder a ese piso, donde se encuentra parte fundamental de las pruebas”, denunció visiblemente indignada ante los medios.
La mujer señaló que esta negativa representa una obstrucción directa a la investigación que lleva adelante en el marco de un proceso judicial que ha abierto fuertes cuestionamientos a la administración de Arce. “Me están negando la posibilidad de demostrar la verdad. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no me dejan entrar?”, cuestionó.
Según La Fuente, en ese lugar existirían elementos que respaldan sus afirmaciones y podrían comprometer al presidente, por lo que su exclusión del procedimiento de registro no sería casual. “Lo que buscan es borrar todo rastro de lo que realmente ocurrió ahí”, afirmó.
El caso, que ya ha generado un intenso debate en la opinión pública, plantea un escenario cada vez más complejo para el Gobierno, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las nuevas acusaciones. La denuncia se suma a una serie de revelaciones previas de La Fuente sobre su presunta relación con el mandatario, las cuales han sido calificadas por el oficialismo como parte de una “campaña política”.
Juristas consultados advierten que si se confirma la negativa a realizar el registro en el lugar señalado, podría configurarse una figura de obstaculización a la justicia, lo que abriría un nuevo frente legal para el Ejecutivo. “Cuando una de las partes denuncia que se le niega el acceso a posibles pruebas, el Estado está obligado a garantizar la transparencia del proceso”, explicó un abogado constitucionalista.
Mientras tanto, La Fuente aseguró que continuará con sus acciones legales y que acudirá a instancias internacionales si es necesario. “No voy a callar. La verdad tiene que salir a la luz y voy a llegar hasta el final”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones que podrían profundizar la crisis política.
El piso 24 de la Casa Grande del Pueblo, que hasta ahora era un espacio de acceso restringido, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que amenaza con escalar a niveles insospechados. La acusación de encubrimiento presidencial pone bajo la lupa a todo el aparato estatal y mantiene en vilo al país.
