En una semana de bloqueos de caminos con fines políticos, impulsados por seguidores del expresidente Evo Morales, Bolivia enfrenta pérdidas económicas que superan los $500 millones, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La crisis, que se traduce en un perjuicio económico de aproximadamente $128 millones por día, ha despertado preocupación en diversos sectores.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, expresó su inquietud por las graves consecuencias económicas de la medida: «Es una medida que sin duda tiene consecuencias económicas en el país y de hecho la población, los transportistas, los productores están rechazando este tipo de medidas que generan este terrible perjuicio a la economía del país.»
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que se identificaron 25 puntos de bloqueo, la mayoría ubicados en Cochabamba, con el acarreo de pobladores bajo amenazas. La situación ha generado tensiones en la región y ha afectado la movilización de productos esenciales.
Franz Apaza resaltó la importancia de la estabilidad económica lograda por Bolivia en 2023, donde el país se posicionó como la tercera economía con mejor crecimiento en la región. Sin embargo, advirtió que estas medidas obstaculizan el mantenimiento de esa estabilidad.
El viceministro lamentó que los bloqueos políticos hayan llevado al incremento de precios en productos básicos como la carne de pollo, especialmente en regiones como La Paz, El Alto y Oruro. Asimismo, instó a realizar controles necesarios para mantener la estabilidad de precios.
Desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de enero, se cumplen siete días de bloqueo de caminos, principalmente en Cochabamba. El motivo de la medida es la defensa de una nueva candidatura de Evo Morales y la exigencia de renuncia de las autoridades judiciales prorrogadas ante la falta de elección de sus reemplazantes.
Varios sectores instan a que la protesta se traslade a la Asamblea Legislativa para agilizar el tratamiento del proyecto de ley destinado a realizar elecciones judiciales y así poner fin a la situación de bloqueo que afecta gravemente la economía del país.
