En medio de la creciente crisis política y social que atraviesa Bolivia, el diputado Carlos Alarcón lanzó una propuesta que promete abrir un intenso debate nacional: convocar a un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente Rodrigo Paz, el vicepresidente Edmand Lara y todos los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El legislador sostiene que el país enfrenta un escenario límite y que la decisión debe volver a manos de la ciudadanía.
La iniciativa surge cuando los bloqueos, movilizaciones y enfrentamientos políticos continúan afectando a distintas regiones del país. Según Alarcón, la confrontación ha colocado a Bolivia en un «callejón sin salida» que amenaza con profundizar la violencia y generar una fractura institucional de consecuencias imprevisibles.
“La autoridad que ha sido colocada por el voto solo debería ser removida por el voto”, afirmó el parlamentario, quien señaló que la democracia debe encontrar soluciones dentro del marco constitucional y no mediante presiones de fuerza. Aclaró además que su planteamiento responde a una reflexión personal como constitucionalista y no constituye una posición oficial de su organización política.
El legislador advirtió que millones de bolivianos se encuentran afectados por los bloqueos indefinidos, particularmente en La Paz y El Alto, donde persisten problemas de abastecimiento y restricciones a la libre circulación. “La Asamblea Legislativa no puede darle la espalda a la población que está sufriendo las consecuencias de esta crisis”, sostuvo.
La propuesta contempla que la Asamblea Legislativa apruebe, mediante una ley interpretativa respaldada por dos tercios de votos, la convocatoria a un referéndum revocatorio extraordinario que se realizaría en un plazo aproximado de tres meses. La consulta incluiría al binomio presidencial y a los asambleístas titulares y suplentes.
Según explicó Alarcón, si la mayoría de la población rechaza la revocatoria, las actuales autoridades concluirían su mandato en 2030. Sin embargo, si triunfa la opción de revocar a las autoridades, se convocarían de manera inmediata nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en aproximadamente cinco meses, de acuerdo con los tiempos operativos requeridos por el Tribunal Supremo Electoral.
El diputado también cuestionó la estrategia gubernamental basada en el diálogo, señalando que actualmente se encuentra estancada debido a las posiciones irreconciliables de los actores enfrentados. A su juicio, la demanda de renuncia presidencial promovida por sectores movilizados representa un riesgo para la estabilidad institucional y para la continuidad del orden constitucional vigente.
“No podemos permitir que la violencia deponga gobiernos elegidos democráticamente, aunque se disfrace de elecciones anticipadas”, afirmó Alarcón. El legislador concluyó que un referéndum extraordinario podría convertirse en una válvula democrática para canalizar el conflicto, evitar una confrontación mayor entre bolivianos y permitir que sea la ciudadanía, mediante el voto, la que defina el futuro político del país.
