Como un recurso para lograr la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, aprehendido en los Estados Unidos acusado por lavado de dinero, está recurrir al Tratado firmado en 1995 entre los gobiernos de Bolivia y EEUU, que está vigente, según lo afirmó el canciller boliviano Rogelio Mayta en una entrevista en el programa No Mentiras 4.0
“En 1995 se suscribió entre Bolivia y Estados Unidos un tratado de extradición que está vigente a la fecha y que permite inclusive la extradición de connacionales”, afirmó el Jefe de la Diplomacia boliviana en torno a este bullado caso que involucra a una exautoridad del gobierno de facto de Áñez.
El Tratado de Extradición firmado el 27 de junio de 1995 contempla delitos de narcotráfico e incorpora la figura de la retroactividad para diversos delitos considerados «graves».
En dicho documento se establece como causales de extradición obligatoria “delitos como asesinato, homicidio doloso, lesiones gravísimas, violación, corrupción sexual de menores, robo armado, delitos relativos al tráfico ilícito de sustancias controladas, terrorismo, delitos de actividad criminal organizada, defraudación contra el Estado”.
El documento establece que el tratado tendrá vigencia para las solicitudes de extradición que se encuentran en trámite, pero también para solicitudes posteriores, aunque los delitos cometidos sean anteriores a la entrada en vigencia.
Fiscalía solicita extradición
El fiscal William Alave informó este viernes que el Ministerio Público presentó la solicitud de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ante la juez a cargo del control jurisdiccional del caso denominado “Gases lacrimógenos”.
“El día de hoy, hasta aproximadamente las 16.00, hemos presentado la solicitud de extradición para Arturo Murillo ante la juez, conforme nos determinan las normas del Código de Procedimiento Penal, propiamente el artículo 156”, afirmó a Radio Patria Nueva.
El exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez está aprehendido en Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y soborno, al haber aplicado un plan desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020, con la finalidad de beneficiar con un contrato millonario a una empresa, con sede en Florida, para que tuviera negocios relacionados a la compra de equipos no letales y gases lacrimógenos con el Misterio de Defensa de Bolivia.
La exautoridad de facto tiene una imputación por el caso, al igual que el exministro de Defensa, Luis Fernando López; y el exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez Mendizábal, recordó.
Este caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) por el presunto delito de conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos, fueron arrestados Murillo, su exjefe de gabinete Sergio Méndez y los estadounidenses Luis y Bryan Berkman (padre e hijo), dueños de la empresa intermediaria, y el empresario Philip Lichtenfeld. Tras conocerse este caso, Del Castillo anunció que el Gobierno pedirá la extradición de Murillo.
Sobre la investigación que se realiza en Bolivia, la justicia envió en calidad de detenidos preventivos Daniel Aliss y el capitán Daniel Bellot, excuñado y exedecán del exministro Murillo. La fiscal Magaly Bustamante informó que Aliss fue enviado por cinco meses a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, y Bellot a la cárcel de San Pedro de La Paz por cuatro meses.
