Los violentos enfrentamientos registrados durante el operativo policial y militar de desbloqueo en el municipio cruceño de San Julián dejaron un saldo de 33 personas heridas, entre civiles y efectivos policiales, según confirmó este domingo la Defensoría del Pueblo tras una verificación en centros de salud y zonas afectadas por el conflicto.
El informe defensorial detalla que entre los lesionados se encuentran 26 civiles y siete policías, en una de las jornadas más tensas desde el inicio de las movilizaciones y bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes. La institución expresó preocupación por la escalada de violencia registrada durante la intervención.
De acuerdo con los datos oficiales, 24 civiles sufrieron heridas leves y moderadas, por lo que recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta. Sin embargo, otros dos permanecen hospitalizados y serán sometidos a intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus lesiones. Uno de ellos presenta una herida provocada por proyectil de arma de fuego.
La situación también dejó consecuencias severas entre las fuerzas del orden. La Defensoría confirmó que cuatro policías fueron alcanzados por disparos, mientras cumplían labores de desbloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni. Uno de los uniformados permanece internado en una unidad de terapia intensiva y su estado es considerado delicado.
“Toda actuación estatal en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, recordó la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento, enfatizando que la protección de la vida y la integridad física debe prevalecer en cualquier operativo de control del orden público.
La entidad también advirtió que el derecho a la protesta pierde protección cuando deriva en hechos de violencia extrema. En ese contexto, señaló que durante los disturbios se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, elementos que incrementaron significativamente el riesgo para civiles y uniformados.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría solicitó al Ministerio Público desarrollar una investigación “objetiva, imparcial y transparente” para determinar responsabilidades individuales y esclarecer cómo se produjeron los enfrentamientos. El organismo considera fundamental identificar a quienes promovieron o ejecutaron actos violentos durante la jornada.
Asimismo, recordó las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que advierten sobre los riesgos de la conformación de grupos que asuman funciones de seguridad. Mientras la tensión persiste en varias regiones del país, la Defensoría exhortó a todos los sectores a evitar una escalada de la violencia, privilegiar el diálogo y proteger a la población civil, anunciando que mantendrá un monitoreo permanente de la situación.
