La justicia emitió un fallo contundente contra los responsables de la toma del campo petrolero Humberto Suárez Roca, en Santa Rosa del Sara. Diez personas fueron condenadas a tres años de prisión tras admitir su participación en la ocupación de las instalaciones petroleras y acogerse a un procedimiento abreviado, poniendo fin a uno de los casos más sensibles vinculados a las recientes movilizaciones en el país.
La sentencia fue dictada por el juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera, luego de que los acusados reconocieran los hechos investigados por el Ministerio Público. Aunque recibieron una condena privativa de libertad, la legislación vigente les permite cumplir la sanción bajo medidas sustitutivas debido a que la pena no supera los tres años.
Sin embargo, el fallo establece estrictas restricciones para los sentenciados. No podrán participar en bloqueos, ocupar instituciones públicas o privadas, promover actos de violencia ni reunirse para organizar acciones similares a las que motivaron su procesamiento. Cualquier incumplimiento provocará la revocatoria inmediata del beneficio y su ingreso a un centro penitenciario.
La Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Juan Carlos Crispín, imputó a los involucrados por los delitos de asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir y daño calificado, figuras penales que surgieron tras la toma de las instalaciones estratégicas de YPFB Chaco.
Las investigaciones desarrolladas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) establecieron que los ahora condenados participaron en la ocupación del campo petrolero, donde grupos movilizados cerraron válvulas de operación y restringieron el funcionamiento normal de una infraestructura considerada estratégica para el suministro energético.
La intervención policial se produjo el pasado miércoles, cuando efectivos del orden ejecutaron un operativo para recuperar el control de la planta. Los comunarios habían instalado más de seis puntos de bloqueo alrededor del complejo petrolero y resistieron el avance policial, lo que derivó en enfrentamientos y el uso de agentes químicos para dispersar a los ocupantes.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los manifestantes permanecían en el lugar desde la tarde del martes y exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las autoridades sostienen que el cierre de válvulas y la paralización de actividades representaban un riesgo para la seguridad energética y el abastecimiento de combustibles.
La sentencia marca un precedente judicial en medio de la crisis generada por los bloqueos. «Si vuelven a cometer hechos similares, perderán automáticamente los beneficios otorgados y deberán cumplir la pena en prisión», establece la resolución. El fallo envía una señal de endurecimiento frente a acciones que afecten servicios estratégicos, mientras el país continúa enfrentando tensiones sociales, bloqueos y conflictos que impactan directamente en la economía y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
