La tensión por los bloqueos en Bolivia escala. El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, confirmó este miércoles el inicio de operativos para despejar carreteras y anunció coordinación con las Fuerzas Armadas de Bolivia para reforzar las acciones de control en distintos puntos del país.
La autoridad informó que uno de los primeros resultados fue el desbloqueo de la ruta hacia Yolosita, en el norte paceño, y aseguró que las operaciones continuarán rumbo a Caranavi, una de las regiones más afectadas por las medidas de presión.
“Se va a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país”, advirtió Sokol, dejando en claro que la Policía prepara nuevas acciones para restablecer el tránsito y evitar mayores perjuicios económicos y sociales.
El jefe policial sostuvo que durante los operativos se evidenció un creciente rechazo ciudadano a las protestas. “La población está totalmente descontenta y molesta por estos bloqueos de grupos muy aislados”, afirmó, al defender la intervención de las fuerzas del orden.
Sokol explicó que la coordinación con las Fuerzas Armadas responde a necesidades logísticas y operativas. Aunque remarcó que el control del orden público es competencia policial, reconoció que existen limitaciones internas derivadas de años de falta de equipamiento.
“Vamos a recibir apoyo en algunos aspectos debido a ciertas falencias que existen en la institución policial”, señaló el comandante, atribuyendo parte de las dificultades a la escasa inversión en infraestructura y recursos para la Policía durante gestiones anteriores.
El anuncio se produce en un contexto de creciente conflictividad social y bloqueos que afectan rutas estratégicas del país. Según reportes económicos regionales, este tipo de medidas generan millonarias pérdidas diarias en transporte, abastecimiento y comercio, además de interrumpir cadenas logísticas esenciales.
Mientras continúan los operativos, el despliegue conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas vuelve a colocar en debate el manejo estatal de los conflictos sociales. Para el Gobierno, las intervenciones buscan garantizar el libre tránsito y preservar el orden; para sectores movilizados, representan un intento de presión frente a demandas aún no resueltas.
