Nuevos datos agitan la polémica por la denominada “gasolina basura” en Bolivia. El diputado Carlos Alarcón reveló que sostuvo una reunión con la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, apenas un día antes de su renuncia, en la que se analizaron las posibles causas de la crisis de calidad del combustible.
Según el legislador, Cronenbold le habría explicado que el problema tendría su origen en la compra de gasolina base a la multinacional Vitol. Se trata de un producto que, de acuerdo con esa versión, se encuentra al límite de los estándares técnicos y requiere ser mezclado con etanol antes de su comercialización.
Alarcón afirmó que el combustible importado no solo presentaba condiciones técnicas ajustadas, sino que además habría sido almacenado en tanques con residuos y sedimentos, un factor que pudo agravar su deterioro. “La ciudadanía merece conocer qué ocurrió realmente con el combustible que recibió”, sostuvo.
El parlamentario también puso la lupa sobre los contratos suscritos durante la anterior administración de YPFB y posteriormente modificados mediante adendas en la gestión actual. A su juicio, esas decisiones deben ser revisadas para determinar si existieron errores técnicos, administrativos o posibles responsabilidades.
Frente a este escenario, Alarcón propuso una medida contundente: suspender la distribución de la gasolina base contratada a Vitol y avanzar hacia nuevos procesos de contratación bajo criterios de transparencia, competencia y control público. “Se necesitan contratos limpios y procesos competitivos”, enfatizó.
El diputado rechazó además la explicación oficial que atribuyó la crisis a una supuesta contaminación deliberada en cisternas. “La población espera una respuesta creíble y sincera, no versiones improvisadas”, afirmó, al cuestionar la consistencia de la narrativa gubernamental.
La controversia surge en un contexto en el que la calidad de combustibles se ha convertido en una preocupación regional. Estudios recientes de organismos técnicos internacionales advierten que deficiencias en almacenamiento, transporte y mezcla pueden afectar gravemente el rendimiento del combustible y dañar motores, además de generar mayores emisiones contaminantes.
Alarcón anunció que continuará con su labor de fiscalización y exigió la publicación íntegra de los contratos relacionados con la compra de gasolina base, así como de otros acuerdos vinculados a la importación de crudo, diésel y gasolina. “Es momento de transparentar todo y establecer responsabilidades por los daños ocasionados”, concluyó.
