La figura de Xavier Iturralde atraviesa una transformación radical: de empresario del rubro fitness a candidato que promete revolucionar la gestión municipal con lógica industrial. La pregunta que circula en el debate público es directa: ¿busca gobernar La Paz o convertirla en un experimento de “gobierno corporativo”?
Uno de los ejes de su discurso es la planta de conversión de plástico en diésel instalada en Villeta, Paraguay. La infraestructura es real, pero su escala corresponde más a una planta piloto avanzada que a una refinería de producción masiva. Técnicamente logró lo complejo, transformar plástico en combustible, aunque el salto industrial aún depende de permisos regulatorios y capital de expansión.
Mientras presenta Paraguay como prueba de éxito frente a la burocracia boliviana, especialistas advierten que el proyecto todavía está en etapa de pruebas. “Escalar producción energética requiere licencias, mercado y financiamiento sostenido”, señalan fuentes del sector.
En el terreno político, Iturralde se posiciona como el “outsider empresario”, sin una estructura partidaria tradicional sólida. Su candidatura descansa casi exclusivamente en su imagen personal y en la narrativa de innovación privada aplicada al sector público.
Su entorno refuerza esa apuesta: su lista de concejales y equipo cercano está compuesta mayoritariamente por su círculo de amigos, colaboradores y personas de confianza. Surge una pregunta inevitable: ¿pueden concejales cercanos o “amigos” ejercer una fiscalización real y rigurosa sobre la gestión de un alcalde con el que comparten vínculos políticos o personales? Esta situación pone en duda la independencia y seriedad del control institucional, no solo en la propuesta de este candidato, sino también en la de muchos otros que replican el mismo modelo dentro de sus programas de gobierno.
Al igual que ocurre en otras agrupaciones, entre sus filas también se identifican seguidores provenientes de partidos como el MAS, Sol.bo y Unidad Nacional, lo que ha desatado cuestionamientos por un posible “reciclaje” de operadores políticos y exfuncionarios previamente observados.
El episodio de su hospitalización por un choque anafiláctico, confirmado médicamente, marcó un punto de inflexión. Mientras detractores difundían rumores, él denunció “guerra sucia” y atacó a la “vieja política”. El hecho evidenció que ya juega con plena estrategia electoral, más allá de su perfil empresarial.
En paralelo, su realidad comercial cambió drásticamente. Su cadena de gimnasios Spazio Wellness & Lounge, que fue su negocio más visible, atraviesa una etapa de contracción, con cierres de sucursales emblemáticas como la de Sopocachi. En el mercado local se comenta que su atención se desplazó por completo hacia la energía y la política.
Iturralde se presenta como un “outsider” capaz de romper con décadas de administración tradicional. “La Alcaldía no puede seguir funcionando como un club político, debe gestionarse como una empresa eficiente”, sostiene en sus intervenciones públicas. Sin embargo, expertos en administración pública advierten que el municipio no es una startup y que el margen de error institucional es mínimo.
Analistas municipales alertan que un alcalde sin trayectoria en gestión pública enfrenta una curva de aprendizaje lenta, especialmente en una estructura atravesada por normas y complejos procedimientos. “Los primeros dos años pueden perderse entendiendo la burocracia, y eso genera frustración social”, advierte un exfuncionario edil.
Otro riesgo identificado es la llamada crisis de gabinete. Sin un equipo técnico consolidado y con experiencia en administración municipal, la Máxima Autoridad Ejecutiva puede terminar dependiendo por completo de asesores externos. “Cuando el alcalde no domina la estructura, los asesores gobiernan en la sombra”, resume un especialista en gobernanza local.
El entorno de Iturralde insiste en que su perfil empresarial garantiza eficiencia y disciplina financiera. “Venimos a ordenar la casa y cortar el despilfarro”, aseguran desde su equipo. Pero la administración pública no opera bajo las mismas reglas que el sector privado: cada decisión está sujeta a control social, fiscalización y normativa estricta.
El debate de fondo es estructural: ¿la experiencia empresarial es suficiente para liderar un aparato municipal con miles de funcionarios, sindicatos, juntas vecinales y presión política constante? La diferencia entre liderar una empresa y gobernar una ciudad radica en que el margen de ensayo y error es prácticamente inexistente.
El tercer pilar del plan de gobierno de Xavier Iturralde se centra en la “Asociación Público-Privada para transformar La Paz”, una propuesta que plantea convertir a la Alcaldía en un motor de atracción de inversión privada a través de APP. El objetivo es pasar funciones a empresas privadas ámbitos como urbanismo, parques, hospitales y servicios.
No obstante, la propuesta ha generado críticas desde distintos sectores. Analistas y expertos advierten que este esquema podría implicar una transferencia de riesgos al ciudadano, quien terminaría asumiendo los costos de estos convenios, mientras el sector privado asegura su rentabilidad. En ese sentido, cuestionan que el modelo podría derivar en una suerte de “hipoteca del futuro urbano”, donde la lógica de mercado prevalece sobre el interés público.
El trasfondo es claro: Si gana, La Paz podría convertirse en un experimento de modelo de gestión empresarial aplicada al municipio. Si pierde, su planta en Paraguay seguirá siendo su carta de validación. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿innovación administrativa o ensayo político a gran escala?
