El vicepresidente Edmand Lara, quien en campaña electoral exigía cerrar el Ministerio de Justicia por considerarlo un espacio de “intromisión política”, hoy enfrenta cuestionamientos por respaldar al nuevo ministro de esa cartera, un abogado propuesto por él mismo y ratificado por el presidente Rodrigo Paz.
Durante los debates previos a la elección, Lara fue categórico al afirmar que “no puede hablarse de independencia de poderes mientras existan ministros que ordenan a jueces a quién meter preso”, cuestionando con dureza el papel que esa institución desempeñó durante los anteriores gobiernos.
“Tenemos que cerrar ciertos ministerios; por ejemplo, yo cerraría el Ministerio de Justicia”, declaró en ese entonces el ahora vicepresidente, argumentando que la independencia judicial era una condición indispensable para la democracia y que “ya no debía haber más intromisión”.
Sin embargo, tres meses después de asumir el cargo, Lara respalda la estructura que prometió eliminar. Su cercanía con el actual ministro —quien habría sido sugerido por él mismo para ocupar el cargo— desató una ola de críticas dentro y fuera del oficialismo.
Para analistas, la postura del vicepresidente evidencia una contradicción política entre su discurso de campaña y las decisiones adoptadas desde el poder. “Pasar del discurso anticorrupción a sostener lo que se criticó mina la credibilidad del nuevo gobierno”, opinó un analista consultado.
En redes sociales y espacios políticos, las críticas se multiplicaron, señalando que el discurso de cambio institucional del binomio Paz-Lara se debilita ante este tipo de inconsistencias. “El país esperaba una transformación en la justicia, no un reciclaje de viejas prácticas”, comentaron algunos internautas.
A pesar de la polémica, Lara no ha emitido una posición pública sobre su cambio de postura ni sobre la permanencia del Ministerio de Justicia, una cartera que, según sus propias palabras en campaña, “debía desaparecer para liberar al sistema judicial de la manipulación política”.
La situación deja abierta una incómoda paradoja para el gobierno: el vicepresidente que pedía eliminar el Ministerio de Justicia hoy lo defiende y lo dirige de facto, en medio de crecientes dudas sobre la coherencia de su proyecto político.
