El crimen organizado representa uno de los mayores riesgos para el desarrollo humano y la democracia en América Latina y el Caribe, una región que concentra el 28,9 % de los crímenes violentos a pesar de albergar solo el 8,3 % de la población mundial, según Michelle Muschett, directora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La violencia asociada al crimen organizado está poniendo en riesgo décadas de progreso social y consolidación democrática en la región”, señaló Muschett en una entrevista con EFE. Según la funcionaria, el fenómeno, antes concentrado en Centroamérica, ahora afecta a países que se consideraban más seguros, como Ecuador, Uruguay y Chile.
Muschett identificó como causas principales de este aumento el narcotráfico, la corrupción, la desconfianza en las instituciones democráticas y la debilidad en los sistemas de justicia. Estas condiciones agravan la inseguridad y limitan el desarrollo sostenible en varios países de la región.
De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen organizado consume el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) regional y obliga a destinar más del 30 % de los presupuestos nacionales en defensa, afectando directamente las capacidades de inversión en otros sectores clave.
En el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana que se realiza en Cuenca, Ecuador, el PNUD presentará un estudio en el que se detalla que seis de cada diez personas en la región temen ser víctimas de un crimen violento. Según Muschett, este encuentro ofrece una oportunidad única para promover la cooperación internacional y regional con un enfoque integral en seguridad ciudadana.
Muschett enfatizó que las políticas de “mano dura”, aunque efectivas a corto plazo, deben complementarse con estrategias inclusivas y sostenibles. “Para que el impacto de estas medidas sea duradero, deben abordarse simultáneamente las diversas dimensiones de la seguridad ciudadana”, afirmó.
Además de la acción gubernamental, el PNUD subraya la importancia de la participación social y el diseño de políticas basadas en evidencia. “Es necesario redoblar esfuerzos y coordinar acciones para ir más allá de la reducción de delitos, fortaleciendo la cohesión social y respetando el estado de derecho”, indicó Muschett.
Finalmente, destacó que América Latina y el Caribe, la región más desigual y violenta del mundo, necesita fortalecer sus instituciones para garantizar no solo seguridad, sino también oportunidades equitativas de desarrollo para toda su población.
