El ministro de Gobierno Arturo Murillo y el comandante del Ejército Rubén Salvatierra serán procesados penalmente tras ser rechazadas sus excusas a la convocatoria efectuada por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por los hechos violentos de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) entre octubre y noviembre de 2019.
“Se los citó la anterior semana y no se presentaron, está comisión tiene una duración efímera, no es eterna, y el informe lo tenemos que presentar en octubre. Cualquier funcionario público tiene la obligación de informar, bajo esa circunstancia la comisión decidió iniciar un proceso por incumplimiento de deberes contra el Ministro de Gobierno y el Comandante General del Ejército”, señaló el presidente de la comisión, Víctor Borda.
El legislador adelantó que la querella penal será presentada el próximo miércoles en la Fiscalía Departamental de La Paz, en el marco de las atribuciones y competencias legislativas.
Más temprano, la comisión recibió el informe del comandante General de la Policía, Rodolfo Montero, quien detalló el accionar policial el 15 de noviembre durante las operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas en Sacaba, donde murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridas; y en Senkata, el 19 de noviembre, cuando fallecieron otras 10 personas y al menos otras 30 terminaron heridas.
“La Policía no porta armas letales solamente armas no letales, se hizo el uso progresivo de la fuerza, que empieza con el lenguaje corporal y a medida que se va volviendo más violenta la situación, nosotros vamos haciendo uso de los agentes químicos. Nosotros primamos el diálogo”, afirmó Montero.
Al término de la entrevista realizada a la autoridad policial, los miembros de la comisión recibieron la documentación de la institución del orden que formará parte del informe que los asambleístas presentarán al pleno del Legislativo.
La comisión legislativa reprogramó las entrevistas de la ministra de Salud, Eidy Roca, y del ministro de Defensa, Fernando López, quienes deberán comparecer la próxima semana, tras presentar sus excusas por la inasistencia.
En la misma sesión la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó su informe a esa instancia legislativa sobre los hechos violentos en Senkata, Sacaba y Yapacaní, y evidenció la vulneración de derechos durante esos conflictos, además de 37 fallecidos y 861 heridos.
“Desde el 21 de octubre hasta el 24 de noviembre registramos violaciones a los derechos humanos y afectaciones a los derechos humanos, se tiene 32 conclusiones del informe titulado ‘Crisis de Estado, vulneración a los derechos humanos entre octubre y diciembre del año 2019’ que señalan vulneraciones a los derechos humanos en tres etapas, la primera antes del 9 de noviembre, la segunda entre el 9 y el 11 de noviembre y la tercera del 12 de noviembre en adelante, en las tres etapas hallamos las violaciones a los derechos humanos”, declaró.
Nuevos convocados
Borda, informó también que para la siguiente semana se determinó convocar a los exjefes policiales y fiscales para que brinden su informe sobre el accionar que realizaron durante los conflictos poselectorales.
“En base a la investigación que estamos haciendo, el siguiente miércoles (30 de septiembre) van a estar todos los comandantes departamentales de la Policía Boliviana, de esa época, de Potosí, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y los comandantes de algunos regimientos que participaron en estos hechos, además de algunas otras exautoridades”, declaró al final de la sesión.
