El ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ex ministro, Carlos Sánchez Berzaín, han alcanzado un acuerdo con los demandantes indígenas en un caso civil en los Estados Unidos relacionado con las muertes ocurridas durante las protestas indígenas de 2003 en Bolivia. Un portavoz del ex presidente confirmó que ambas partes llegaron a un acuerdo de compensación para las familias de los demandantes y presentaron este acuerdo a la corte en Fort Lauderdale, Florida.
Este juicio civil, que fue considerado el primero sobre derechos humanos contra un ex jefe de Estado, se basó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EE. UU. por ejecuciones extrajudiciales. El portavoz del expresidente no proporcionó detalles específicos sobre los términos del acuerdo, pero enfatizó que incluye exoneraciones legales que prohíben futuras acciones legales por parte de los demandantes contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
La resolución de este caso pone fin a más de una década y media de litigio en el que los demandantes indígenas acusaron al ex presidente y al ex ministro de ser responsables de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2003, conocidas como «Octubre negro» en Bolivia. Inicialmente, un jurado había considerado a ambos responsables y ordenado compensaciones por valor de 10 millones de dólares, pero esta decisión fue anulada posteriormente por un juez. La Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito revocó la decisión del juez y remitió el caso de nuevo al tribunal de primera instancia de Fort Lauderdale.
Sánchez Berzaín era ministro de Defensa durante las protestas de 2003, lideradas entre otros por Evo Morales, quien luego se convirtió en presidente de Bolivia. El acuerdo final en este caso cierra un largo capítulo de disputas legales y apelaciones y marca un punto de inflexión en la búsqueda de justicia por parte de los demandantes indígenas relacionada con los trágicos eventos de 2003 en Bolivia.
