La venta de cuatro mil 541 acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia acerca aún más la privatización, en el actual régimen a las compañías nacionalizadas por el expresidente Evo Morales.
El 20 de agosto accionistas privados, con un 2,6 por ciento de las acciones de Entel, subastaron el 0,03 por ciento del paquete accionario en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), un hecho que según el diario digital independiente boliviano Kandire, no está regulado en ninguna legislación pero requiere la autorización de la dirección de esa compañía.
La operadora de telecomunicaciones estatal es presidida por el Ministerio de Obras Públicas con el 97,4 por ciento de las acciones y, con esa venta, el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez endeuda a Entel, reveló ese medio de comunicación.
Agrega la publicación que ‘la Cámara de Diputados mínimamente tiene que convocar con carácter de urgencia a Entel y al ministro de Obras Públicas que mal representa a los bolivianos, para saber qué están haciendo con nuestra empresa que ya ha sufrido robos y desmantelamiento al colocar ejecutivos del partido de (Oscar) Ortiz con intereses en empresas de la competencia’.
En un comunicado, Entel aclaró que esa venta ‘corresponde a transferencias regulares realizadas por los accionistas privados minoritarios de la empresa y no comprometen el paquete accionario del Estado boliviano’.
En tanto que la opinión pública busca respuesta a esta y otras irregularidades ocurridas en Entel, entre ellas los delitos de corrupción por los que aún no responde el exgerente Elio Montes, nombrado por Áñez y actualmente fuera del país para evitar su arresto.
Montes viajó a Miami, Estados Unidos, el 13 de febrero pasado tras 82 días en el cargo y fue detenido por los servicios de migración y aduana por llevar una cantidad importante de dinero en efectivo no declarado, según medios de prensa locales, estaba entre los 50 mil y un millón de dólares.
El exgerente enfrenta cargos de conducta antieconómica, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contribuciones, y ventajas ilegítimas, además de beneficiar a principios de año a 13 exfuncionarios con el pago irregular de finiquitos no acordes a la Ley General del Trabajo.
Recientemente el fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, confirmó la resolución de imputación formal contra el exgerente de Entel por daños económicos al Estado, divulgó la Agencia de Noticias Fides.
Asimismo, el fiscal anticorrupción Ramiro Prieto declaró en febrero pasado que consideraban la posibilidad de solicitar a la Policía Internacional (Interpol) el traslado del acusado al país suramericano, mientras se desconocía el paradero de dos de sus subalternos implicados en los delitos.
Pandemia acentúa retrasos en la justicia
La crisis sanitaria que afecta actualmente a la nación andino-amazónica parece ser el mejor pretexto para ganar tiempo y que procesos judiciales ralenticen como el abierto contra el exgerente de Entel.
Un artículo del diario Opinión de Cochabamba alerta que, a seis meses de ese escándalo, se ha tratado con lentitud preocupante y hace prever que podría diluirse en el tiempo.
‘Si bien la ausencia de Montes en el país dificulta algunos trámites, las autoridades no deben bajar la guardia para juzgar el caso tal como corresponde y sin ningún favoritismo, menos político’, precisó la nota.
Asimismo, recordó otras denuncias como la compra irregular a una empresa española de 170 respiradores artificiales no aptos para atender a pacientes de la Covid-19 y que continúan impunes.
El expresidente Evo Morales también alertaba en mayo pasado sobre la huida de algunos directores corruptos de empresas estratégicas nombrados por el gobierno de facto.
‘La prensa develó corrupción de ministros, viceministros, gerentes y directores que no reciben ninguna sanción legal. El gerente que desfalcó Entel salió protegido a EE.UU. y nadie sabe dónde está el de YPFB. La ley no se aplica a parientes ni miembros del gobierno de facto’, escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Con la venta de las acciones de Entel, resulta difícil disfrazar las intenciones del actual gobierno de Bolivia que, desde marzo pasado, busca privatizar las empresas nacionalizadas por el líder aymara el 1 de mayo de 2006 mediante el Decreto Supremo 28701 ‘Héroes del Chaco’.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Boliviana de Aviación (BoA) fueron también objeto de manipulaciones por supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias para desacreditar la gestión del exmandatario. (Prensa Latina)
