El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que de acuerdo a las investigaciones que se realizaron desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019, hubo 37 decesos en diferentes lugares del país y centenares de víctimas con violencia física, sexual y psicológica.
Según Patricia Tappatá, experta del GIEI, el informe señala de responsables del uso de agentes y fuerza desmedida a la Policía y Fuerza Armadas que no previnieron actos de violencia y dejaron desprotegidos a la población
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló la experta Patricia Tapattá, en la presentación del informe.
Asimismo, indicó que el uso de medios violentos para expresar desacuerdos y antagonismos entre grupos no puede aparecer como natural, tampoco la apelación al agravio que se transforma en violencia en medio de protestas legítimas y reclamos.
Asimismo hace referencia a las acciones directas por bloqueos que terminaron en enfrentamientos que fueron provocadas por discursos antagónicos que pusieron en tensión a la población.
Es por ello que hace 33 recomendaciones que en su mayoría están en la reformulación de la Justicia.
“Es posible que se considere que estas recomendaciones tengan el riesgo de diluirse, o que entrañan un grado importante de dificultad para ser cumplidas. Por eso proponemos que el Estado genere un mecanismo de monitoreo y seguimiento para acompañar y controlar las medidas que deben adoptarse, que podría integrarse con representantes de áreas estratégicas de la gestión de gobierno y representantes de la sociedad civil directamente vinculadas a los temas”, dijo la experta.
Asimismo, dijo que existen temas como el racismo, la violencia sexual y de género, la libertad de expresión y la protesta que necesitan pasar a ocupar un lugar central en la conversación, para no poner en riesgo de perder la sensibilidad que permite identificar y rechazar lo hostil, lo discriminatorio y lo que destruye la dignidad de las personas.
“Cuando concluimos que nada de lo anterior puede ser llevado adelante si no existe una voluntad política explicita en el más alto nivel del gobierno, estamos reconociendo la dificultad de provocar cambios en conductas que aparecen como firmemente instaladas (…). Esperamos que lo relatado en el informe, sobre lo ocurrido en los últimos cuatro meses del año 2019, no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como un nuevo umbral, ahora más elevado y exigente de lo intolerable”, recomendó.
