El hacinamiento extremo, la falta de infraestructura y la corrupción han convertido las cárceles de Bolivia en escenarios de violencia y muerte. Solo en los dos primeros meses de 2025, al menos siete reclusos han sido asesinados en distintos penales del país, muchas veces con la complicidad de policías, según el exdirector de Régimen Penitenciario, Franz Laura.
«La mezcla entre presos con condena y detenidos preventivos, junto con el consumo de drogas y alcohol, genera un ambiente de extrema violencia», advirtió Laura en entrevista con EFE. Explicó que la ausencia de una clasificación adecuada de los reclusos propicia enfrentamientos por espacios de poder dentro de los penales.
El problema es agravado por la sobrepoblación penitenciaria, que en 2024 creció un 11%, desbordando la capacidad de las cárceles. Datos oficiales revelan que Bolivia tiene más de 32.000 privados de libertad, pese a que la infraestructura carcelaria fue diseñada para menos de la mitad. «Las peleas entre reclusos surgen porque el espacio es mínimo«, señaló Laura.
Otro factor clave en la crisis es la existencia de «pactos ilegales» entre los presos y las autoridades carcelarias. «Los reclusos consiguen ingresar pequeñas cantidades de droga y alcohol, pero cuando se trata de grandes volúmenes, lo hacen con la complicidad de los policías», denunció el experto en seguridad penitenciaria.
El caso más grave ocurrió en el penal de Choncocoro, donde un recluso fue asesinado de un disparo dentro de su celda por otro preso, quien compró el arma a un policía. Este hecho desató duras críticas sobre la corrupción en el sistema penitenciario boliviano.
Según Laura, la crisis requiere soluciones urgentes, como mejorar la coordinación con los reclusos para establecer un control interno y realizar una rotación constante de los policías para evitar que se consoliden redes de corrupción. «Las normas actuales no satisfacen las necesidades del sistema carcelario, se requieren cambios inmediatos«, subrayó.
El problema también involucra a presos extranjeros. Datos de Régimen Penitenciario indican que tres de los siete reclusos asesinados entre enero y febrero eran extranjeros. «Los presos foráneos intentan establecer dominio dentro de las cárceles, lo que provoca enfrentamientos con los bolivianos», explicó Laura.
El Gobierno boliviano anunció una revisión de los protocolos de seguridad tras la ola de homicidios en las cárceles. Sin embargo, organizaciones como la CIDH han advertido que la crisis penitenciaria en Bolivia sigue sin soluciones estructurales y con graves vulneraciones a los derechos humanos.
