Venezuela, Cuba y Nicaragua se encuentran entre los países con mayores problemas de tráfico de personas, según el Informe sobre la Trata de Personas 2024 (Informe TIP) publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. El informe señala que estos países no cumplen con los estándares mínimos para eliminar la trata y no realizan esfuerzos significativos para hacerlo.
En el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega “continuó minimizando la gravedad del problema” y, por segundo año consecutivo, no identificó a ninguna víctima de trata ni procesó ni condenó a ningún traficante. «El régimen de Ortega muestra una preocupante indiferencia hacia el tráfico de personas», se destaca en el informe.
Venezuela, por su parte, recibe recomendaciones para que investigue y enjuicie a los traficantes y a sus cómplices, especialmente aquellos involucrados en el tráfico sexual infantil, el reclutamiento o el uso de niños por parte de grupos armados ilegales, y la explotación de hombres y personas LGTBI. «Las autoridades venezolanas deben tomar medidas concretas para combatir estos delitos atroces», insta el informe.
Cuba también es objeto de críticas, especialmente en relación con sus programas de exportación laboral. El informe pide que se asegure de que estos programas cumplan con los estándares laborales internacionales, garantizando que los participantes reciban salarios justos y completos en cuentas bancarias bajo su control. «Los trabajadores cubanos deben ser protegidos contra la explotación laboral», enfatiza el documento.
El informe destaca que en el hemisferio occidental, incluyendo América del Norte, Central, del Sur y el Caribe, existe una tendencia común relacionada con la inmigración irregular, que incrementa la vulnerabilidad de los migrantes y solicitantes de asilo al tráfico sexual y al trabajo forzoso. «La migración irregular sin precedentes en la región afecta a todos los países del hemisferio occidental», señala el informe.
A pesar de la voluntad política en muchos países para abordar la trata de personas, especialmente en lo referente al tráfico sexual, los esfuerzos para combatir el trabajo forzoso siguen siendo débiles. Las inspecciones laborales a menudo carecen de fondos y personal suficientes y tienen autoridad limitada para inspeccionar los lugares de trabajo del sector informal, donde muchas víctimas son explotadas. «Es esencial fortalecer los recursos y la autoridad de las inspecciones laborales», recomienda el informe.
Este año, el informe también se centra en cómo los traficantes de personas utilizan tecnología y métodos online cada vez más sofisticados para reclutar, controlar, comercializar y explotar a personas vulnerables, y al mismo tiempo, evadir la detección. «Los traficantes utilizan internet para publicitar y vender niños en línea, anunciar trabajos falsos y transferir criptomonedas, perpetuando operaciones de estafa», concluye el informe, subrayando la necesidad de mayor vigilancia digital.
