El cobro del proyecto piloto de parqueos tarifados en vía pública, impulsado por el alcalde Iván Arias en La Paz, fue suspendido oficialmente tras la presión de vecinos organizados y el trabajo de fiscalización de la concejala Roxana Pérez del Castillo.
A través de un comunicado, la Dirección de Actividades Económicas del municipio informó que “se suspende el cobro del servicio mientras se evalúan los resultados” de la etapa piloto del plan denominado “Parqueo para Todos”. Esta medida ocurre después de semanas de rechazo vecinal y cuestionamientos sobre su legalidad.
La concejala Pérez del Castillo, quien lideró las denuncias, aseguró que la decisión es una victoria de la organización barrial. “Gracias al coraje y organización de las y los vecinos, logramos frenar un proyecto que pretendía privatizar el espacio público. Las calles no son un negocio, son de la gente”, declaró.
Desde el inicio, la concejala advirtió falta de transparencia, improvisación y ausencia de normativa clara para la implementación del sistema de cobros en plena vía pública. Sus observaciones fueron respaldadas por las constantes protestas ciudadanas en distintas zonas de la ciudad.
“No vamos a permitir que, bajo el discurso de orden, se impongan medidas que benefician a privados y perjudiquen al pueblo”, afirmó Pérez del Castillo, quien recorrió personalmente los puntos de cobro, levantó denuncias y visibilizó el reclamo social.
Vecinas y vecinos denunciaron irregularidades en la ejecución del plan, calificando el cobro como arbitrario y lesivo al derecho al espacio público. Reuniones, protestas y pronunciamientos colectivos fueron clave para que la Alcaldía revierta su postura.
La concejala advirtió que permanecerá vigilante y que exigirá una evaluación transparente y participativa de cualquier propuesta que involucre bienes públicos. “Esta victoria es del barrio, de la gente que se organizó, protestó y defendió lo que es suyo”, reiteró.
Finalmente, Pérez del Castillo reafirmó su compromiso con la fiscalización de la gestión municipal y con la defensa de políticas públicas que prioricen el interés colectivo y el respeto al espacio urbano como bien común.
