El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5595, una ambiciosa norma que busca desmantelar la burocracia estatal y transformar la gestión pública en Bolivia mediante el programa “Tranca Cero”, una política de desregulación y simplificación administrativa de alcance nacional.
El decreto, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, plantea un “shock desregulatorio” para eliminar las llamadas barreras burocráticas que, según el Ejecutivo, han generado costos, corrupción, retrasos y descontento social. “El Estado debe ser un facilitador y no un obstáculo”, señala el documento.
La norma identifica como uno de los principales problemas la existencia de un “Estado Tranca”, caracterizado por la acumulación de trámites, requisitos y regulaciones que dificultan el acceso a servicios, frenan la inversión y afectan el empleo. En respuesta, se establece un proceso obligatorio, transversal y excepcional para simplificar el aparato estatal.
Uno de los ejes centrales es la creación del Catálogo Nacional de Trámites, un registro único y obligatorio. Todo requisito que no esté incluido en este catálogo no podrá ser exigido, lo que representa un cambio estructural en la forma en que operan las instituciones públicas.
El decreto también impulsa la digitalización, interoperabilidad y automatización progresiva de los trámites, con el objetivo de reducir tiempos, costos y discrecionalidad. “Se priorizará la simplificación y eliminación de duplicidades en todos los niveles del Ejecutivo”, establece la normativa.
Como mecanismo de control ciudadano, se crea el sistema digital “Reporta tu Tranca”, donde cualquier persona podrá denunciar trabas, cobros indebidos o demoras injustificadas. “Será un instrumento permanente para detectar abusos administrativos”, señala el texto.
Además, se introducen medidas concretas que impactan directamente al ciudadano: queda prohibido exigir fotocopias de cédula de identidad y se limita el uso del certificado de nacimiento solo a casos estrictamente necesarios, marcando un giro hacia procedimientos más ágiles.
El decreto también establece un Comité Interministerial de alto nivel que supervisará la implementación del programa, junto con un ranking que medirá el desempeño de las instituciones en la reducción de la burocracia. La apuesta del Gobierno es clara: modernizar el Estado sin aumentar el gasto público, en medio de una coyuntura económica que exige eficiencia y resultados inmediatos.
