La crisis del combustible alcanzó un punto crítico. La Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz declaró un paro indefinido desde las cero horas de este jueves, tras un ampliado sectorial y luego de cumplir un paro de 24 horas sin respuestas concretas a sus demandas.
“Se ha decidido continuar con el paro indefinido en todo el departamento”, confirmó el dirigente Edson Valdez, al señalar que la medida cuenta con el respaldo de federaciones regionales, transporte libre y cooperativas. El conflicto se consolida como uno de los más fuertes del sector en los últimos años.
El rechazo al diálogo agravó el escenario. Valdez cuestionó que la invitación del Gobierno no estuviera firmada por el presidente Rodrigo Paz, motivo por el cual fue descartada. “Necesitamos una interlocución seria y directa”, sostuvo, al convocar a una reunión este jueves a las 11:00.
El sector fue más allá y endureció su postura. Descartaron reunirse con el ministro de Hidrocarburos o con el presidente de YPFB, exigiendo la presencia de una comisión con capacidad de decisión. En paralelo, bases del transporte pidieron la renuncia del ministro Mauricio Medinaceli, en medio de crecientes cuestionamientos.
La magnitud del paro ya se siente en las calles. Más de 60 puntos de bloqueo en La Paz y cerca de 70 en El Alto colapsaron la movilidad, dejando sin transporte público a miles de ciudadanos. Terminales cerradas y largas caminatas marcaron una jornada de alta tensión social.
En medio de la crisis, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, fue duramente cuestionado. Según reportes, salió del país rumbo a Estados Unidos en plena escalada del conflicto, lo que fue interpretado por sectores movilizados como una señal de desatención. “No le importó el paro ni la población”, denunciaron transportistas.
La presión también llegó al ámbito legislativo. El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció la creación de una comisión especial de investigación sobre la gasolina desestabilizada. “Será una investigación profunda y con todas las prerrogativas necesarias”, aseguró, fijando un plazo de tres meses para un informe.
El equipo estará integrado por legisladores de distintas fuerzas políticas, en un intento por dar transparencia al proceso. El objetivo es esclarecer responsabilidades y evaluar los daños ocasionados a vehículos, una de las principales demandas del sector transporte.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y con señales de radicalización. La combinación de paro indefinido, bloqueos masivos y cuestionamientos a autoridades configura un escenario de alta conflictividad, donde la falta de respuestas inmediatas profundiza la incertidumbre y el malestar ciudadano.
