Una reunión con el vicepresidente de Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, para buscar consensos en el proceso de elección de la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo debía efectuarse ayer, sin embargo, la oposición decidió no asistir ante denuncias de falta de transparencia en el proceso.
La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) fue la única que asistió al encuentro previo a la sesión convocada para hoy donde se prevé que se pueda concluir con el proceso de selección y designación de la nueva autoridad en lugar de Nadia Cruz Tarifa.
La jefa de bancada de Creemos en la Cámara de Senadores, Centa Rek, consideró “innecesario” participar de la reunión y ratificó la posición del frente político que no se encontró “suficiente transparencia” en este proceso pese a que un representante de este partido participó de todas las etapas.
“Vemos que entre los candidatos que han sido preseleccionados ninguno de ellos nos garantiza la independencia y posibilidad de que va a haber probidad”, cuestionó la legisladora.
Mientras que el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, dijo que se decidió que no participarán en la reunión de coordinación porque no se cuenta con la presencia de las dos fuerzas de oposición.
Anticipó que su bancada hará se “opondrá” a la votación del MAS ante la sospecha de una “tendencia” para tratar de favorecer a un defensor del pueblo afín.
El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputado, Gualberto Arispe, cuestionó la inasistencia de la oposición y lo calificó como una “falta de respeto” para buscar consensos ante las observaciones denunciadas.
“Inicialmente creo que CC se ha manifestado para poder escuchar esta reunión y parte de Creemos también pidió tolerancia pero en ese ámbito, nosotros somos respetuosos, tendrán sus motivos y razones (para no asistir)”, añadió.
De los siete candidatos a Defensor del Pueblo que llegaron hasta la fase de designación solo dos no tienen vínculos con el Gobierno o con el Estado. Tres de los aspirantes estuvieron en el Gobierno en su pasado inmediato pues trabajaron en ministerios; dos trabajaron en oficinas estatales y dos vienen de desempeñarse en la actividad privada.
Las abogadas Luisa Antonia Chipana Ubaras y Evelin Patricia Cossío Márquez son las únicas que no tienen relación con el Estado o el Gobierno.
Trabajaron con el Gobierno
La nómina de los candidatos que trabajaron en el Gobierno la encabeza el abogado Rubén Julio Estrada Candia, quien aprobó con 7 requisitos de 10 que se exigían. Desde 2007 está vinculado al Gobierno. Trabajó en cuatro ministerios: Trabajo, Gobierno, Presidencia y Salud, ocupando distintos cargos. Su último trabajo fue como jefe departamental del Ministerio de Trabajo, n el presente año.
El segundo candidato con nexos gubernamentales es Porfirio Machado Guisbert. Fue jefe nacional de Asuntos Jurídicos del Senasag, oficina que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde ingresó a trabajar en 2021.
Estuvo como expositor en distintas organizaciones rurales y, según su hoja de vida, escribió 13 libros. La mayor parte de su trayectoria la desarrolló en instituciones de la ciudad de El Alto y la universidad de esa urbe, como docente.
Ramiro Leonardo Iquise Pally, es el tercer postulante vinculado al Gobierno. Fue asesor del municipio de El Alto durante la gestión del ex alcalde Edgar Patana (MAS). Nacido en Potosí, se identificó como quechua y vive en la ciudad de El Alto.
Dos años después ingresaría al Ministerio de Justicia y permaneció en dicha cartera por casi dos años. En junio de 2011, entró a la Defensoría del Pueblo, donde trabajó durante los siguientes 11 años ocupando distintos cargos. Renunció el 31 de marzo de este año.
Trabajaron con el Estado
La abogada Claudia Andrea Calvo Campos fue funcionaria pública. Según su hoja de vida, fue directora de Relaciones Internacionales municipio de Sucre hasta 2021 y antes de eso fue asesora legal en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), hasta 2019.
Pedro Callisaya Aro también es abogado y fue director nacional de Derechos Reales hasta febrero de este año; antes se desempeñó como vocal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Entre 2016 y 2017 fue especialista en Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh); mientras que entre 2010 y 2012 fue jefe nacional de la Unidad de Servicios a la Ciudadanía en la Defensoría del Pueblo.
