Dejando sus funciones y obligados, así deben obedecer los servidores públicos y acatar las órdenes del masismo para reforzar la marcha que encabeza Evo Morales en un intento de retoma de popularidad desde La Paz.
Encargados de recursos humanos de las entidades estatales fueron encomendados para hacer cumplir los designios de la cúpula oficialista.
«Compañeros, este domingo tenemos concentración a las 3am en Correos para partir a reforzar la marcha por la patria», explicó un funcionario, según denuncia en reserva que llegó a este medio de comunicación.
La caravana de funcionarios tuvo que madrugar esta jornada para partir hasta Achica Arriba, donde toda la militancia masista partirá para llegar a la sede de gobierno el lunes.
«Nos piden 1% del sueldo cada semana o cada quince días. Esta vez nos volvieron a exigir esa cuota para apoyar a la marcha. Otros dan sin reclamar, porque es nuestra fuente de trabajo y hay que aguantar», manifestó el funcionario de una entidad judicial.
Es que la instructiva no solo se acata en los ministerios o dependencias legislativas sino en otras reparticiones que deberían tener independencia político partidaria.
El estatuto del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se remitió al Órgano Electoral, define al servidor público como militante del «instrumento político», por tanto, en esa lógica, un empleado del Estado debe ser masista y obedecer a partido por encima de las leyes que rigen la función pública.
Desde la Adamblea Legislativa también se conoce sobre esa obligación que se exigió de forma verbal para ir a la marcha. Durante una semana las labores tanto en Senado como en Diputados fue irregular, más aún con la presencia de las cabezas de ambas cámaras, Andrónico Rodriguez y Freddy Mamani, respectivamente, en la columna que partió desde Caracollo el pasado martes.
La ministra de Trabajo, Verónica Navia, dijo este domingo que no hay tolerancia laboral por motivo de la marcha, pero los funcionarios que quieran «pedir permiso», porque «están en su derecho».
«Cada institución pública tiene su reglamento interno de personal, no está prohibido pedir permiso, los servidores públicos que quieran asistir pueden acogerse a ese derecho”, declaró la funcionaria.
En otra denuncia publicada en redes el sábado, pasajeros que cruzan la carretera Oruro a La Paz, por donde pasa la marcha masista, tomaron fotografías de funcionarios y militantes del MAS cambiándose de vestimenta por atuendos originarios.
Los jeans son cambiados con pantalones balleta color blanco y las chamarras se cubren con ponchos andinos, sobre todo de color rojo. Las mujeres envuelven aguayos y tratan de cubrir sus cabellos de tinte rubio.
Con todo, la marcha de Evo Morales, que tiene como excusa el «respaldo al gobierno de Luis Arce», que comenzó el pasado martes, pretende llegar a El Alto y luego bajar a la plaza San Francisco este lunes, con la advertencia.del.jefe cocalero de «hacer reventar La Paz».
En la urbe alteña, otrora bastión del MAS, la Federación de Juntas Vecinales El Alto Sur, convocó a sus bases y a control social a sumarse a la marcha de Evo Morales, este lunes a las 6am en el puente distribuidor de la ex tranca Senkata.
De esa formas las dirigencias de los grupos corporativos aliados al MAS, buscan ganar protagonismo en esta recta final de la marcha que significará el retorno de Morales a la sede de gobierno, desde su salida y huida en noviembre de 2019.
La Central Obrera Boliviana (COB) y el denominado Pacto de Unidad, ahora convertidos en el «Estado mayor del pueblo», también prevén tomar protagonismo este lunes, con discursos hechos a la medida y ataques a la «derecha», al «golpismo» y en especial amenazas a los grupos civiles, cívicos y opositores que lideraron el último paro multisectorial que logró abrogar la Ley 1386. El masismo precisamente ya mandó a imprimir banners para atacar al presidente cívico cruceño Rómulo Calvo, que hoy es el nuevo blanco de la persecución judicial que ejerce el MAS contra sus opositores.
Finalmente, ya se anticipó que se usará nuevamente la memoria de los fallecidos en Senkata Y Sacaba, para «pedir justicia» y con ello exigir 30 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez, pero también a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, a quienes el masismo trata de liquidar con esa figura como estigma de «masacradores».
Desde la oposición al régimen masista no existen convocatorias a movilizaciones paralelas.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió a los paceños a sacar banderas blancas y la Tricolor en sus casas para evitar cualquier provocación que derive en violencia.
Por su parte, el exsenador y dirigente indígena Lino Villca, considera que la marcha de Evo Morales es una movilización de los nuevos ricos, radicados en el Chapare cocalero, y que es parte de la campaña del jefe masista.
