La crisis provocada por los bloqueos y la creciente presión social aceleró el debate legislativo sobre una de las herramientas más sensibles previstas por la Constitución. El Senado tratará este jueves cuatro anteproyectos destinados a reglamentar la aplicación de los estados de excepción, una figura que cobra relevancia en medio de las demandas de sectores que exigen medidas para garantizar la transitabilidad, el abastecimiento y la atención de emergencias.
La sesión fue convocada por la directiva de la Cámara Alta, presidida por Diego Ávila, bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. De esta manera, los senadores que no puedan trasladarse hasta la sede de Gobierno podrán participar a distancia en una jornada que se perfila como una de las más importantes de las últimas semanas.
Entre los documentos que serán considerados se encuentran dos propuestas presentadas por legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), una elaborada por el senador Daniel Ortiz Velásquez y otra por la diputada Marlene Miranda Palma. A estas se suma un tercer texto sin identificación pública y el proyecto remitido oficialmente por el Órgano Ejecutivo el miércoles.
Tres de las iniciativas comparten una estructura similar, estableciendo mecanismos de control sobre la actuación estatal durante un estado de excepción, delimitando la participación de las Fuerzas Armadas y fijando responsabilidades para las autoridades y funcionarios que ejecuten las medidas extraordinarias.
Uno de los proyectos plantea que la declaratoria tenga una duración máxima de 90 días y establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir únicamente cuando la capacidad operativa de la Policía haya sido claramente sobrepasada. La propuesta busca equilibrar la preservación del orden público con el respeto a los derechos constitucionales.
Otro de los documentos deja en manos del Ejecutivo la definición de los plazos y alcances operativos mediante un decreto reglamentario posterior. Sin embargo, mantiene disposiciones destinadas a garantizar controles institucionales sobre las acciones adoptadas durante la vigencia de la medida excepcional.
«Las órdenes emitidas al amparo del estado de excepción no eximen de responsabilidad penal, civil ni disciplinaria a quienes las ejecuten cuando sean manifiestamente contrarias a la Constitución Política del Estado o a los derechos humanos», señala uno de los textos legislativos. Esta cláusula aparece con redacciones similares en varias de las propuestas analizadas.
Los proyectos también contemplan que el Ejecutivo informe a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de diez días hábiles después de concluido el estado de excepción, detallando las acciones ejecutadas, sus consecuencias y la situación general del país. El debate adquiere especial relevancia debido a antecedentes recientes: en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, la aplicación de medidas extraordinarias mediante decreto derivó posteriormente en procesos judiciales y una intensa controversia política sobre los límites constitucionales del uso de facultades excepcionales. Ahora, en medio de una nueva coyuntura de conflictividad nacional, el Senado deberá definir si Bolivia contará finalmente con una ley específica que regule este mecanismo y establezca reglas claras para su aplicación.
