Bolivia ingresó este sábado a una nueva etapa de la crisis política y social. En un mensaje emitido durante la madrugada, el presidente Rodrigo Paz anunció la declaración de estado de excepción en todo el territorio nacional, una medida extraordinaria destinada a recuperar el control de las carreteras, restablecer la libre circulación y enfrentar los conflictos que mantienen paralizado al país desde hace varias semanas.
El mandatario justificó la decisión señalando que su administración agotó todas las vías de diálogo posibles. «Luego de haber agotado todas las instancias de diálogo y haber alcanzado acuerdos con quienes tenían demandas legítimas, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional«, afirmó durante su intervención.
Paz sostuvo que la medida no busca proteger a su gestión, sino preservar la institucionalidad democrática y garantizar la seguridad de la población. «Este estado de excepción no se decreta para proteger al presidente o a su gobierno; se decreta para proteger la democracia, la vida y a Bolivia«, enfatizó. «No se vive bien bloqueando», agregó al referirse a las consecuencias económicas y sociales que han generado las movilizaciones.
Como parte de la disposición, el jefe de Estado instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las operaciones necesarias para despejar las rutas bloqueadas, garantizar el tránsito de personas y mercancías y recuperar la normalidad en distintos puntos del país. La decisión representa una de las acciones más contundentes adoptadas por el Ejecutivo desde el inicio de los conflictos.
El presidente también lanzó una severa advertencia a quienes continúan manteniendo medidas de presión. «Aún están a tiempo de desistir voluntariamente«, afirmó. Sin embargo, señaló que quienes persistan en bloquear carreteras, destruir bienes públicos o privados, intimidar a ciudadanos o desafiar el orden constitucional «deberán asumir las consecuencias legales de sus actos«. Añadió que a los responsables de hechos violentos se les aplicará «todo el rigor de la ley y toda la fuerza legítima que la Constitución otorga al Estado«.
El anuncio se produce apenas horas después de que la Central Obrera Boliviana (COB) firmara un acuerdo con el Gobierno e instruyera el levantamiento de los bloqueos. No obstante, sectores campesinos y grupos afines al evismo rechazaron esa decisión y ratificaron la continuidad de las movilizaciones, profundizando la división dentro de los movimientos sociales.
En uno de los momentos más duros de su discurso, Paz aseguró que el país ya no enfrenta una protesta social tradicional. «Bolivia ya no enfrenta una movilización reivindicativa, sino una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido«, sostuvo. Además, apuntó directamente al Chapare como el principal foco de organización de las medidas de presión.
El mandatario elevó aún más el tono al calificar la situación como un ataque directo al sistema democrático. «Debemos llamarlo por su nombre: es un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un gobierno democráticamente elegido«, declaró. Con la entrada en vigor del estado de excepción y el despliegue de fuerzas policiales y militares, Bolivia enfrenta horas decisivas en las que se pondrá a prueba la capacidad del Estado para restablecer el orden sin profundizar una crisis que ya ha dejado severas consecuencias económicas, sociales y políticas en todo el país.
