Falta de personal médico, psicológico, ambulancias, equipamiento, medicamentos caducados y falta de otros insumos en salud, fueron parte de las graves falencias identificadas por la Defensoría del Pueblo y de representantes de derechos humanos (DDHH) en recientes visitas realizadas a 11 centros penitenciarios del país, entre ellos el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Esta situación pone en entredicho la versión de la dirección Nacional de Régimen Penitenciario, que en diversas ocasiones informó a medios de comunicación que el derecho a la salud de los internos en los centros penitenciarios está plenamente garantizado.
“La administración penitenciaria cumple y garantiza el respeto de todos los derechos de los privados de libertad, especialmente el de la salud”, aseguró, el 16 de febrero pasado, el director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura.
Sin embargo, 24 horas antes, se trasladaba con una emergencia médica al dirigente cocalero César Apaza, desde el penal de Chonchocoro a la ciudad de La Paz. Una emergencia de salud que, según su defensa y organizaciones de DDHH, fue el desenlace de una mala o nula asistencia médica en el penal, que podría haber prevenido el cuadro de embolia y parálisis de medio cuerpo con el que resultó.
“No hay médicos, no hay médico de planta, lo hemos constatado, un señor se nos ha acercado llorando diciéndonos que desde hace 10 días no le atienden”, precisó a ANF la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Regional El Alto, Virginia Ugarte, quien también participó de la visita al penal de máxima seguridad paceño, junto a la Defensoría del Pueblo, el 3 de marzo.
Agregó que los internos “piden a gritos” la presencia permanente de personal médico que los asista y también al menos una ambulancia porque no cuentan con una y se recurre a motorizados particulares cuando es necesario algún traslado de emergencia.
“No hay médicos ni psicólogos por eso ellos piden a gritos que haya médico de planta, una ambulancia porque están gritando en las noches (con dolores de sus enfermedades). De lo que hemos podido observar, la mayoría de los internos enfermos tienen bilis o problemas estomacales por el tema de la comida, otros tienen próstata, diabetes”, relató Ugarte.
Entre las varias víctimas del sistema de salud penitenciario está Marco Antonio Aramayo, que según la denuncia de su abogado defensor y de sus familiares, el ahora fallecido nunca recibió una atención médica debida y su salud se fue deteriorando hasta morir. Detenidos preventivos que llegaron al penal de San Pedro de La Paz dijeron a ANF que la ingresar al recinto nunca les hicieron una revisión médica como manda la Ley 2298 de Ejecución de Penas.
Pedro Callisaya, el Defensor del Pueblo, informó que solo en dos de los centros visitados existe personal médico y en ninguno hay ambulancias, además que en uno se halló medicamentos vencidos.
“La parte médica (en Chonchocoro) está muy debilitada. En estas condiciones, estamos poniendo en situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad”, sostuvo el Defensor al salir de la visita al penal de San Pedro de La Paz, el 3 de marzo.
Señaló que en la visita constató que no había médico general en este penal, tampoco ambulancia y solo encontraron a un dentista, aspectos que deben ser subsanados de manera inmediata. Detalló que dentro del penal habitan enfermos con padecimientos como el VIH, adultos mayores con diferentes afecciones y otros que necesitan una atención especializada.
“Hay una sobrepoblación, 689 internos, y un alto índice de detenidos preventivos (70%). Hay insuficiencia de servicios de salud”, destacó.
Sin embargo, posteriormente, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó que la situación fuera como lo reflejaron las instancias defensoriales y de DDHH, y que Chonchocoro cuenta con un médico las 24 horas del día, los siete días de la semana, junto a un licenciado en enfermería, por lo que “la atención en salud a los privados de libertad no está descuidada”.
“Pero sí, este centro tenía un médico más que atendía durante el día y se lo va a restituir, esperemos en esta semana”, señaló Limpias.
Nueve muertes hasta la fecha
Las visitas organizadas por la Defensoría del Pueblo se realizaron tras ocho muertes registradas, solo en los dos primeros meses de este año en centros penitenciarios en el país; en los primeros días de marzo se sumó una muerte más, haciendo un total de nueve fallecimientos.
De acuerdo con datos de Régimen Penitenciario, seis de estas muertes fueron en circunstancias violentas y las tres restantes serían muertes naturales.
No obstante, en el caso de las muertes naturales el Estado también es garante y responsable ya que en muchos casos se dan por falta de seguimiento y asistencia médica que deriva en el agravamiento de las enfermedades.
Callisaya precisó que el año pasado 12 personas murieron en las cárceles del país, de las cuales nueve tuvieron causas naturales, dos por suicidio y uno por homicidio. “Es decir, que la principal causa de muerte es la natural y por ello tenemos que analizar principalmente la efectividad de los servicios de salud”.
De acuerdo con la psicóloga, que trabajó en cárceles, Tania Viscafé, la falta de personal médico en centros penitenciarios es “la deficiencia de siempre” y la atención médica en los recintos más numerosos “se hace más complicada”.
Este poco personal médico tienen ítems del Ministerio de Salud, y el resto de personal administrativo como trabajo social, educación y psicología corresponden a ítems del Ministerio de Gobierno.
Además, Viscafé explicó que el tema de la sobrepoblación en las cárceles incide en la salud de los privados de libertad por factores como la alimentación y el hacinamiento.
“En el caso de San Pedro de La Paz, donde hay unos 2.600 internos, dos médicos que había, hace tiempo, es totalmente insuficiente”, dijo a ANF.
Deficiente o nula atención médica
De igual forma, la falta de personal médico y la alta población penitenciaria hace que la atención en salud sea deficiente y reducida, generando preferencias en el trato, por ejemplo, priorizando a los delegados.
“Siempre ha sido un problema eso de la preferencia. Debería ser igual el trato a todos, pero hay esa falla de dar prioridad a algunos, especialmente en recintos numerosos”, indicó.
Respecto al profesional en salud, dijo que es un médico general, que “los ve un ratito y se va, y esa es la deficiencia de siempre. Tal vez ellos (los internos) necesitan más tiempo o quizás una especialidad, que no sea tan urgente”.
Explicó que, si hay una persona que necesita un médico especialista, pero que no es urgente, el médico no solicita ni sugiere la salida del interno, debido al riesgo que hay de que escape, “y ese es otro problema constante de sanidad”.
Cuadros psicológicos derivan en enfermedades físicas
Sucede lo mismo en el caso de profesionales en psicología, que, debían atender a dos recintos a la vez, y tomando en cuenta la diversidad de cuadros psicológicos con los que deben lidiar los privados de libertad, los psicólogos también son insuficientes.
“La situación de encierro genera en ellos principalmente cuadros de ansiedad, depresión, estrés; en algunos casos es por toda su situación, estar lejos de la familia, su situación económica, legal; es un conjunto de adversidades que le generan estas preocupaciones y por la ansiedad empiezan a fumar, beber o a drogarse”.
Explicó también que estos cuadros psicológicos pueden generar, a su vez, problemas de salud física como cólicos, afectaciones a su sistema nervioso y su sistema inmunológico se ve comprometido, bajan sus defensas con lo que “fácilmente se va a resfriar o le va a dar una infección estomacal; siempre la salud mental va estar relacionada con la salud física”.
Sin embargo, el psicólogo en cárceles, debido a la sobrepoblación y falta de tiempo, no puede dar asistencia debida a los internos y, generalmente, solo se dedica a realizar informes en el tiempo que permanecen en estos recintos.
“Los informes son solicitados por los internos y sus abogados ya que es de urgencia para sus procesos penales, y esa visita a ese penal era solamente para hacer informes”, dijo.
Aunque en algunos recintos existe el apoyo de pasantes para varias áreas, sostuvo, de todas formas, no abastece para hacer un buen trabajo en psicología con los internos. “Se hace un trabajo de hormiga cuando hay predisposición”.
El Defensor del Pueblo exhortó a las instancias competentes mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, “porque el Estado asume la garantía de ejercicio y la materialidad de todos los derechos de los privados de libertad, particularmente, de los que están en atención preventiva”.
Además de Chonchocoro y San Pedro en La Paz, la inspección defensorial y de derechos humanos se realizó en Palmasola varones en Santa Cruz, Morros Blancos en Tarija, Centro Penitenciario El Abra en Cochabamba, Centro Penitenciario La Merced en Oruro, el Centro Penitenciario Villa Busch en Cobija (Pando), Mocoví en Trinidad (Beni), San Roque en Sucre, Cantumarca en Potosí y Qalahuma en Viacha (La Paz).
