Los desafíos en la lucha contra el narcotráfico ponen en el ojo de la tormenta al gobierno de Luis Arce. Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia bajo el mandato de Evo Morales, arroja luz sobre lo que considera un desconocimiento crítico: la «nueva geopolítica de la droga».
Quintana, protagonista durante catorce años de la política y la geopolítica relacionada con la actividad económica de Bolivia, advierte que la realidad ha cambiado. El narcotráfico, según él, ha extendido su dominio sobre la región amazónica y la Hidrovía Paraguay-Paraná, fortalecido por cientos de avionetas y más de 800 pistas clandestinas.
El exministro señala la aparición de avionetas reacondicionadas y el aumento de escuelas de pilotaje. «Hoy la droga está por los cielos de Bolivia», afirma Quintana. Esta perspectiva contrarresta la imagen de un gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Arce, acusado por uno de sus exaliados de favorecer a quienes manufacturan y exportan cocaína.
Las tensiones no se detienen. Evo Morales ha sugerido que en Europa consideran al gobierno de Arce como un «exportador de cocaína», afectando a los ciudadanos bolivianos en viaje. Quintana, una vez ministro y ahora crítico, subraya la contradicción en las filas del MAS.
El gobierno de Arce intenta enfrentar la crisis de la cocaína, forzado a la diplomacia con países afectados por la actividad ilegal. España, Brasil, Perú, Paraguay y Argentina forman parte de una nueva geopolítica de urgencia.
Sin embargo, esta acción no es la única. Arce ha desarrollado su propia geopolítica por afinidades políticas, siendo China, Rusia, Irán y el «socialismo del siglo XXI» sus aliados. Se exploran nuevos acuerdos con España y contactos con Chile. El caso Marset en Paraguay también marca la agenda.
Mientras tanto, en medio de estas complejas dinámicas, la lucha por la candidatura del MAS en 2025 entre Arce y Morales persiste, a veces entrelazándose con la problemática de la droga. Las declaraciones de Quintana resurgen cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, revela incautaciones masivas de cocaína en tránsito hacia Polonia.
La oposición alza la voz. El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, acusa al gobierno de falta de control y complicidad, transformando a Bolivia en un «paraíso de exportación del narcotráfico».
En medio de este escenario, los cocaleros de Chapare buscan expulsar a los mineros ilegales. Los retos y contradicciones no cesan, y las Naciones Unidas darán a conocer un informe crucial sobre las plantaciones de coca en septiembre, marcando un hito en el rumbo de la política antidrogas en Bolivia.
