La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CNTPB) han exigido al Gobierno la anulación de artículos de la Ley 045 y del Código Penal, así como del proyecto de ley 305, que vulneran el derecho a la libertad de expresión y de prensa. En una conferencia de prensa conjunta, las organizaciones rechazaron el artículo 281 del proyecto de ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos, ya que consideran que afecta la libertad de prensa, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel.
Según el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, las organizaciones piden que se anulen los artículos mencionados, aunque hayan estado vigentes por 13 años, y que el artículo 281 del proyecto de ley 305 es mucho más grave. Argumenta que este artículo facilita la acusación de los periodistas sin la necesidad de demostrar un motivo o móvil al momento de hacer una acusación sobre una supuesta información racista o discriminatoria. Además, la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, añadió que el artículo ha sido «seriamente cuestionado» por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2011.
Las organizaciones también se opusieron a los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo, ya que según la relatoría de la CIDH, podrían sancionar la mera difusión de mensajes de contenido racista sin exigir que esos discursos estén necesariamente vinculados a la incitación y a la violencia. La representante de la ANPB afirmó que «ninguna norma puede sancionar la libertad de expresión per se (por sí mismo o en sí mismo) porque este es un derecho fundamental en democracia».
La dirigenta de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Carmiña Moscoso, manifestó que no permitirán que el Gobierno apruebe normas que vulneren los derechos fundamentales, por lo que se declararon en estado de emergencia y movilización permanente. Además, las organizaciones enviaron cartas a varias autoridades e instituciones que tienen la misión de preservar los derechos humanos, solicitando la eliminación de los artículos que atentan contra la libertad de expresión.
El artículo 281 del proyecto de ley 305, ‘Difusión e incitación al racismo o la discriminación’, establece penas de cárcel de hasta siete años para quienes difundan ideas de superioridad, promuevan el racismo o justifiquen toda forma de discriminación. Los incisos del parágrafo I del proyecto normativo señalan que se sancionará a quienes difundan ideas basadas en la superioridad racial, promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, pronuncien o difundan discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios.
Las organizaciones han enviado cartas a diversas autoridades e instituciones que tienen la misión de preservar los derechos humanos, instándoles a tomar medidas para garantizar la libertad de expresión y de prensa en Bolivia.
