En un acto de osadía política, dos expresiones ideológicas inconciliables unieron fuerzas para forzar, y aprobarlas, el tratamiento de normas que obligan al Gobierno y al Poder Judicial a retomar la senda constitucional y, entre otras cosas, a poner coto la autoprórroga de magistrados que, largamente, han excedido el periodo que la ley asigna al ejercicio de sus funciones.
No obstante el amedrentamiento al que fueron sometidas y a intentos de sabotaje –anuncio de fumigación y corte de la energía eléctrica al interior del recinto parlamentario– las bancadas de oposición y del ala “evista” del régimen lograron instalar y llevar a cabo la sesión en cuestión.
Digo “en cuestión” porque el ala “arcista” –con epicentro en el Ejecutivo– no tardó en calificar a dicho acto como “ilegal”, bajo el argumento de que quien lo presidió no estaba facultado para hacer tal cosa. Tal apreciación, como veremos en el siguiente razonamiento, se cae por su propio peso.
El contexto, para quien lo hubiese olvidado, es que ante la ausencia por motivo de viaje del presidente, los cargos fueron ocupados por quienes los seguían según la línea de jerarquía. Así pues, Choquehuanca ocupó el lugar de Arce y Rodríguez, el de Choquehuanca. Esto, con otros nombres, pero la misma figura, ha ocurrido muchísimas veces y, a estas alturas, como no responde a sus intereses, el arcismo quiere vender la idea de que tal mecanismo de reemplazo temporal es una mera formalidad, o sea, que los subrogantes ocupan los lugares de los titulares sólo para calentarles el asiento durante el tiempo de ausencia de éstos. Vale decir, que en su calidad e Presidente en ejercicio, Choquehuanca no tendría la facultad de firmar decretos o resoluciones supremas, o que Rodríguez no tendría la potestad de presidir la Asamblea. Un sofisma que no aguanta el menor análisis.
Para colmo del absurdo, Choquehuanca manda a consulta al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie al respecto, una norma que cesa en sus funciones a los miembros de dicho órgano. El sujeto sabe que esas personas van a objetarla, primero porque afecta a sus propios –y oscuros– intereses personales y, segundo, porque cuentan con la bendición del Ejecutivo para prorrogarse, al menos hasta que se realicen las próximas elecciones generales.
En tan sentido, ya en su condición de vicepresidente, Choquehuanca ha sugerido que se habría formado una “troika golpista” compuesta por el ala “evista” del régimen y la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos). Otro disparate. Veamos por qué…
Si bien los aludidos –“evistas” y oposición–coincidieron en el objetivo, sus motivaciones son completamente diferentes, por lo que no hay elemento alguno que los relaciones como “troika” y menos como “golpista” –intención de algún modo perceptible de parte del evismo (al menos en su versión “acortamiento de mandato”), pero que no cuenta con las condiciones objetivas para su ejecución–.
Las motivaciones de la oposición son, si cabe, más auténticas –un reencauzamiento institucional– mientras que las del ala “evista” son instrumentales: cese de los autoprorrogados-posesión de tribunos afines-habilitación de Morales para las elecciones.
Siendo así, hablar de cierto acuerdo o pacto “golpista” no es más que un ejercicio retórico que puede impresionar a las huestes arcistas y a algunos incautos, que siempre los hay, pero que no se sostiene.
Agrego, además, como subproducto de los reemplazos en cargos, que una vez más se evidenció que la narrativa del “golpe 2019” no tiene asidero, puesto que la sesión del Senado fue presidida por la segunda vicepresidente, de la bancada de oposición y nadie se rasgó las vestiduras.
