La intervención de la policía en operativos contra fábricas de droga en el bastión de Evo Morales ha provocado tensiones políticas en Bolivia, con los seguidores del expresidente acusando al gobierno de utilizar estos operativos para desprestigiarlos y dañar la reputación de Morales.
Aunque la efectividad de los operativos ha disminuido en comparación con los realizados en mayo, los seguidores de Morales afirman que el gobierno concentra sus acciones en el Chapare, donde el expresidente desarrolla su labor política y se postula como candidato para las elecciones de 2025. Además, se ha señalado la falta de detenciones, lo que refuerza las sospechas de que los narcotraficantes son alertados antes de la llegada de la policía.
Ante estas acusaciones, el gobierno ha enfatizado que la lucha contra el narcotráfico es una tarea del Estado boliviano y que no hay un propósito político detrás de estas operaciones.
La rivalidad entre el presidente Luis Arce y Evo Morales se ha intensificado, y se han observado acciones indirectas que aumentan la tensión. El parlamentario Fredy López, afín a Morales, anunció que su bloque podría respaldar una investigación propuesta por la oposición para abrir un juicio de responsabilidades contra Arce por decisiones contrarias a la constitución y designaciones fuera de la ley.
En respuesta, los diputados de Morales se niegan a aprobar las solicitudes de créditos externos enviadas por Arce al parlamento, alegando la falta de dólares en el país. Además, el diputado Renán Cabezas ha propuesto la creación de una comisión parlamentaria para investigar las reservas estratégicas de dólares del Banco Central, debido a sospechas sobre la falta de transparencia en los informes oficiales.
En respuesta a estas acciones, el diputado Sandro Ramírez, afín a Arce, anunció acciones para investigar detalladamente los gastos realizados durante la gestión de Morales en el programa «Bolivia cambia, Evo cumple», que se financió inicialmente con fondos de Venezuela y Libia, y luego con recursos del tesoro boliviano.
En medio de estas tensiones, Evo Morales ha denunciado una campaña de desprestigio en su contra y ha acusado a medios como El Deber y la agencia Erbol de formar parte de una campaña pagada por Estados Unidos para desacreditarlo.
Las organizaciones de periodistas han respondido a estas acusaciones, señalando que estas prácticas buscan silenciar a los medios independientes, y algunos columnistas han denunciado la compra del diario La Razón por parte del gobierno de Morales, utilizando fondos de Hugo Chávez, para convertirlo en un medio oficialista.
Además de las tensiones políticas, el gobierno también ha intensificado las acciones contra el sistema de transporte del narcotráfico. Recientemente, se decomisaron siete avionetas en el departamento de Beni, algunas de las cuales tenían rastros de droga. También se destruyeron 39 barcazas propiedad de mineros en la misma zona, lo que ha generado protestas en la ciudad de Riberalta.
Estas tensiones políticas y acciones contra el narcotráfico se desarrollan en un contexto en el que las cooperativas mineras y los narcotraficantes controlan los mismos territorios, según el experto Jorge Espinoza.
