El expresidente de Bolivia Evo Morales ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de no abrir una investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad, después de que la Administración de Jeanine Áñez presentara una denuncia ante la corte.
En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el exmandatario boliviano ha indicado que el TPI ha rechazado las «acusaciones falsas» de «la derecha golpista, que quería culpar» a la izquierda de «las muertes de hermanos bolivianos». «Es una victoria de la verdad sobre la falsedad».
La Administración Áñez remitió a la Fiscalía del TPI una denuncia el 4 de septiembre de 2020, en la que sostenía que, en el curso de bloqueos de carreteras en agosto de ese mismo año, quienes participaron impidieron deliberadamente a la población boliviana acceder a suministros y servicios médicos «vitales».
Según el gobierno boliviano de aquel momento, eso causó la muerte de más de 40 personas que necesitaban oxígeno o acceso a atención hospitalaria a causa de la COVID-19 e infligió lesiones físicas o mentales «graves» a esas personas y al resto de la población boliviana.
La denuncia sostenía que esa conducta es constitutiva de crímenes de lesa humanidad y de otros actos inhumanos de carácter similar. Además, también señalaba que, en virtud de estos actos, los organizadores de los bloqueos y quienes participaron atacaron «deliberadamente» a la población boliviana con el objeto de «causar muertes, intimidación y sufrimiento, a fin de satisfacer sus exigencias políticas».
El TPI comunicó el lunes su decisión de no abrir una investigación tras llevar a cabo un examen preliminar. «Al término de una evaluación exhaustiva e independiente de la información que mi Fiscalía tenía a su disposición, he determinado que no se han cumplido los criterios (…) para abrir una investigación», trasladó el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, en un comunicado.
«La presunta conducta no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad», agregó, remarcando que la información disponible «no constituye fundamente suficiente para creer que los presuntos actos de los organizadores de los bloqueos y quienes participaron en ellos, aun cuando estos hubiesen sido establecidos, constituían una campaña dirigida contra la población civil de Bolivia».
Khan ha precisado que su función «no consiste en emitir un juicio sobre el contexto político en el que tuvieron lugar los incidentes», sino «determinar (…) si estos constituyen crímenes contemplados en el Estatuto de Roma». «He llegado a la conclusión de que no es ese el caso», ha concluido.
No obstante, la decisión de Khan aún puede ser objeto de una revisión judicial por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI a instancias del Estado que ha presentado la remisión. Además, la Fiscalía también puede volver a examinar la decisión sobre la base de hechos o información nuevos.
