El alcalde de La Paz, Iván Arias, deberá brindar su declaración informativa el próximo 21 de septiembre, en calidad de sindicado, por una supuesta denuncia de discriminación interpuesta por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien aclaró ayer que desconoce el extremo ya que no es parte procesal en el caso iniciado de oficio por el Ministerio Público.
“Dentro de las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público a instancias de Nadia Alejandra Cruz Tarifa contra Yerko Martín Núñez Negrette y Hernán Iván Arias Durán, por la supuesta comisión del delito de discriminación tipificado y sancionado por el Código Penal (…) a efectos que preste su declaración informativa en calidad de sindicado”, se lee en la orden de citación.
Por la tarde, la Defensoría del Pueblo, a través de un boletín de prensa, aclaró que no presentó ninguna denuncia por el delito de discriminación en contra de Núñez ni de Arias, y que tampoco es parte procesal en el caso 20110304000708 iniciado de oficio por el Ministerio Público.
“En fecha 13 de septiembre del año en curso, la Máxima Autoridad de la entidad defensorial remitió una nota al fiscal, como se señala en un documento emitido por el fiscal (José) Yujra Paucara aclarando esta situación en respuesta a un requerimiento remitido por el mencionado personero del Ministerio Público y recibido en fecha 6 de septiembre”, se lee en la nota.
“Esta confusión se origina en una investigación sobre derechos humanos realizada por la Defensoría del Pueblo en la gestión 2020, ante una denuncia de persecución política, hostigamiento, acoso laboral y vulneraciones al debido proceso, que presentaron exservidores públicos de la Empresa Estatal de Transporte por Cable ‘Mi Teleférico’ en contra de Yerko Martín Núñez Negrette y de Hernán Iván Arias Durán, en su calidad de exministros de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, entre otros denunciados”, dice otra parte del boletín.
Producto de esa investigación, se emitió la Resolución Defensorial N.° DP/RD/NAL/1/2020 de 11 de diciembre de 2020, que contiene hallazgos de vulneración a los derechos humanos, pero que no recomienda ningún proceso penal por discriminación.
