El Gobierno de Chile ha rechazado este martes la aprobación de la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por parte de la Cámara de Diputados, mientras que han acusado a la oposición de un «‘show’ mediático» que tenía fines «electorales y no legales».
El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, y el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, han sido los primeros en reaccionar a la decisión de la cámara baja del Parlamento.
«Estamos tistes por lo que hemos visto, un show político y un show mediático, muy doloroso para la democracia, más que para el Gobierno, para Chile, para su futuro», ha lamentado Ossa, en referencia a los intentos de la oposición por garantizar que la acusación tuviera los votos. «Lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto», ha reprochado, en este sentido.
Para eso, el diputado Jaime Naranjo pronunció un discurso de más de 15 horas en una sesión maratoniana en la que la oposición ha llevado a cabo diferentes estrategias para asegurarse de que todos los diputados estuvieran presentes, como en el caso de Giorgio Jackson, cuya cuarentena por contacto estrecho con un positivo acababa a la medianoche del martes.
«Duró 14 horas pero que no dijo nada, no dio ningún argumento, si no que ratificó las falsedades», ha arremetido, por su parte, Bellolio, que ha contrapuesto la argumentación de Naranjo con la del abogado del presidente, Jorge Gálvez, quien en cinco horas dio «argumentos, razones, que desarmaron hasta dejar en ridículo y en absurdo lo que se suponía que era una acusación constitucional», ha matizado, recoge Radio Bío Bío.
El proceso «daña a la democracia, profunda e irreparablemente», ha continuado Bellolio, que también ha afeado a la oposición que «no era una acusación que tenia términos jurídicos, sino que era, simplemente, electoral».
Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones ha concluido la maratoniana sesión que arrancó el lunes con la exposición de la acusación, expuesta por Naranjo, cuyo discurso se ha extendido durante más de 15 horas, a la espera de la llegada del también diputado Giorgio Jackson a la Cámara, cosa que sucedió pasada la 1.00 de la madrugada (hora local) después de que acabara su confinamiento por contacto estrecho con un positivo por COVID-19.
Las perspectivas de la oposición no eran favorables al arrancar el proceso acusatorio, con preocupación por si Naranjo no era capaz de alargar su discurso y, por tanto, no se conseguían los votos necesarios, un pronóstico que empeoró cuando el diputado Jorge Sabag, del Partido Demócrata Cristiano, anunciaba por la tarde que se acababa de someter a una prueba PCR y que no se encontraba bien, por lo que no podría asistir. La votación solo podía tener lugar presencialmente, no había opción de asistir virtualmente.
No obstante, y a pesar del éxito que ha logrado la oposición en la Cámara de Diputados, el propio Naranjo ha reconocido que el escenario en el Senado es totalmente diferente, aunque se ha mostrado tranquilo al respecto para asegurar que aunque «es difícil conseguir los votos», tienen «fe y esperanza» en convencer a los senadores.
El texto acusatorio, presentado por la oposición después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Piñera, consta de dos parte, una en la que se acusa al mandatario de incurrir en faltas graves a la probidad y la otra que defiende que las acciones de Piñera pusieron en tela de juicio del honor del país.
La publicación de los Papeles de Pandora, fruto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha provocado revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales.
Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.
La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.
