El Gobierno de Bolivia ha asegurado que la expresidenta Jeanine Áñez recibe la atención sanitaria adecuada y que su estado de salud es «estable», en respuesta al anuncio de este miércoles de la hija de la exmandataria alertando de que su madre sufría de parestesia en el marco de la huelga de hambre que lleva a cabo desde prisión.
«La señora Áñez tiene la posibilidad, ante ese cuadro inducido por su decisión personal de huelga de hambre, (de) que los médicos ingresen, la atiendan y se pueda revisar, algo que tiene certificado desde agosto del año pasado», ha defendido el portavoz presidencial, Jorge Richter.
Así, Richter ha hecho alusión a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se «comprobó» que la exmandataria «tiene todo lo necesario para la atención y cuidado de su salud», tal y como se recoge en la prensa boliviana.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha manifestado que la salud de Áñez es «completamente estable» por lo que considera que «no habría que preocuparse en este momento». El ministro ha defendido esta afirmación en base a «informes emitidos por los médicos correspondientes».
Por otro lado, Richter ha invitado al relator especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán –de visita en Bolivia para evaluar la independencia judicial– a que, ante la petición de Áñez de un encuentro en prisión, también se reúna con las «víctimas» de los disturbios del año 2019.
Siempre tenemos que buscar equilibrios y que las cosas estén debidamente balanceadas, esta es una decisión que tomará el relator, nos parece equilibrado que, si existe una reunión con Áñez, exista una reunión con los familiares de las víctimas, para poder recoger sensaciones de lo ocurrido en noviembre de 2019″, ha zanjado.
La llegada del relator de la ONU coincide con la suspensión el jueves pasado del auto de apertura del juicio oral por el llamado caso ‘Golpe de Estado II’, por el que la expresidenta está acusada de haber actuado en contra de la Constitución y resoluciones contrarias a las leyes por haber asumido la Presidencia «sin cumplir los procedimientos», según la Fiscalía de Bolivia.
Áñez, que inició su huelga de hambre el miércoles, en vísperas de la apertura del juicio, tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’.
