En distintos puntos de la ciudad de La Paz se formaron largas filas de ciudadanos que buscan productos básicos como arroz, azúcar y aceite, ofrecidos por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). La situación refleja la creciente escasez y el alza de precios que golpean a la población.
Las imágenes difundidas muestran a personas esperando por horas para adquirir alimentos subvencionados. “Estoy desde las cinco de la mañana y aún no abren. No hay arroz ni aceite suficiente, y no sabemos si volverán a traer”, relató una vecina de Villa Fátima, visiblemente agotada.
A pesar de los esfuerzos de EMAPA para reponer productos a diario, la alta demanda ha superado la capacidad de abastecimiento. La empresa reconoció que la presión sobre su oferta ha aumentado drásticamente en las últimas semanas, mientras los ciudadanos piden mayor presencia estatal en barrios alejados.
En paralelo, el comercio privado también sufre los efectos de la crisis. Grandes centros de abasto como la calle Gallardo, en la zona Gran Poder, decidieron cerrar sus puertas, denunciando «asedio» por parte de cuadrillas gubernamentales que intervinieron depósitos para controlar el agio y la especulación.
“No somos acaparadores, solo queremos condiciones para trabajar. Sin dólares no podemos importar y con estos operativos solo nos castigan más”, reclamó un comerciante afectado, mientras mostraba su almacén clausurado. El acceso al dólar es uno de los mayores reclamos del sector.
El gobierno del presidente Luis Arce anunció 11 medidas contra el agio, incluyendo operativos e instrucciones a gobiernos municipales para intervenir el comercio minorista. Sin embargo, las acciones han provocado más fricciones que soluciones inmediatas.
Economistas advierten que estas medidas son reactivas y no estructurales. Señalan que el país ya está inmerso en un mercado paralelo del dólar, lo que estaría impulsando el incremento generalizado de precios. “Sin abordar el problema cambiario de fondo, la presión inflacionaria no disminuirá”, sostuvo el analista Álvaro Ríos.
En este contexto, la combinación de escasez, control estatal y desconfianza social crea un escenario de alta tensión. Tanto consumidores como comerciantes reclaman acciones eficaces y soluciones estructurales antes de que la crisis derive en conflictos sociales mayores.
