El exdiputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral hizo público este miércoles un documento que señala que cerca de una veintena de familiares de víctimas de los conflictos de 2019 recibieron indemnizaciones por parte del Gobierno de Jeanine Áñez. En algunos casos, el monto asciende a los 100 mil bolivianos, lo que lleva a un total que supera el millón 200 mil bolivianos en desembolsos.
El documento señala que, con el fin de hacer el pago a los herederos de los 35 fallecidos registrados, se usó una lista oficial establecida por el Ministerio de Justicia en el marco de la información que en su momento fue remitida por la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado.
El documento advierte que el Ministerio de la Presidencia, el 3 de febrero de 2020, realizó las evaluaciones sociales a fin de determinar necesidades, y entregó ayuda técnica, como muletas, a uno de los heridos.
Se hizo una evaluación para beneficiar a los familiares de los heridos y fallecidos con la Beca Social Solidaria, consistente en la inserción a institutos y universidades privadas. Además indica que el 4 de marzo se remite la lista para 14 familiares aspirantes a institutos privados, 11 a universidades privadas y uno a otro tipo de institución.
El documento presentado por Barral señala también que se coordinó con el Ministerio de Justicia la lista oficial de 21 herederos de 17 fallecidos de la ciudad de El Alto y La Paz, con la que se inició el proceso de resarcimiento a los familiares.
Dos herederos de Devi Posto Cusi, Juan Martín Pérez Taco, Milton David Zenteno Gironda y Joel Colque Patty recibieron Bs 50 mil cada uno. Una heredera de Pedro Quisbert Mamani recibió Bs 25 mil. Los herederos de Juan José Tenorio Mamani, Beltrán Paulino Condori Aruni, Rudy Christian Vásquez Condori, Calixto Huanaco Aguilario, Edwin Jamachi Paniagua, Clemente Eloy Mamani Santander y Julio Llano Rojas recibieron Bs 100 mil cada uno.
El documento establece que en La Paz el pago a los familiares “ha sido favorable en un 80%. Quedaban -según el documento- cinco personas por recibir distintos montos.
También se planificaba el resarcimiento de familiares en otros departamentos: 13 en Cochabamba, cuatro en Santa Cruz y uno en Potosí.
