Durante la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la titular de esa comitiva, Patricia Tappatá, remarcó que su labor no se centró en dilucidar si en Bolivia hubo o no un «golpe de Estado», como pretende marcar el actual Gobierno.
Incluso se sugirió que la justicia «no sea utilizada para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales».
Sin embargo, el mandatario Luis Arce dijo que el informe GIEI constituye una prueba más del «golpe» a Evo Morales de noviembre de 2019.
«Si esto no es golpe, ¿qué más pruebas podemos pedir?», dijo.
En tanto, si bien se menciona la figura de masacre y vulneración a los derechos humanos, el informe no cita delitos de lesa humanidad.
«La definición en el derecho internacional del delito de lesa humanidad requiere de un ataque sistemático contra la población civil con conocimiento, requiere de una estructura para cometer diversos actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, francamente no vimos en las investigaciones elementos suficientes para determinar que estos hechos eran crímenes de lesa humanidad”, expuso más tarde, en conferencia de prensa, el experto Juan Méndez.
Empero, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, había anticipado que «según el derecho internacional» estas figuras constituyen «delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles», y con ello se juzgará a los «responsables mediatos» de las muertes de Senkata y Sacaba, en alusión a la expresidenta Jeanine Áñez. Por ello, el exabogado de Evo Morales, pidió que la Asamblea Legislativa «apruebe por unanimidad» ese caso de corte.
