Evo Morales Ayma volvió a emitir declaraciones en una suerte de confesión. Esta vez comprometió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para coordinar acciones en 2020, y así garantizar las elecciones generales en las que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó con 54%.
El jefe masista, desde su programa semanal en la radio cocalera, volvió a lanzar revelaciones de su asilo en Argentina, desde donde tuvo que tomar decisiones para posibilitar las elecciones del pasado 18 de octubre, pese a que aquello ya estaba programado desde el ente electoral.
En el TSE, dijo que miembros de esa institución le llamaron para alertarle sobre las presiones que habían para anular la sigla del MAS. Antes de las elecciones, el candidato Luis Arce, hoy presidente, había difundido datos de una encuesta interna, situación que era causa de sanción para esa organización política por la Ley de Régimen Electoral, con la cancelación inmediata de su personería jurídica.
“Textualmente, los miembros del Tribunal Supremo Electoral me decían ‘Evo tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS’; tenía que hablar desde Argentina con el Tribunal Constitucional y ganamos esa batalla”, reveló Morales.
Precisamente, las acciones contra el MAS remitidas al TSE fueron derivadas al TCP, por acción del abogado de Morales, hoy procurador general del Estado, pese a que existía la jurisprudencia de 2015, cuando se anuló la sigla de Demócratas en Beni, durante las elecciones subnacionales de ese año.
Luego, Morales también reveló que tuvo contacto con el TSJ para cambiar a su presidenta, puesto que los sectores del MAS la veían como un riesgo ante una eventual renuncia de la entonces mandataria Jeanine Áñez.
“Una tarde estaba haciendo ejercicio y recibo una llamada del Tribunal Supremo de Justicia y me dicen (consultan) si Eva Copa y Sergio Choque podían renunciar a la sucesión constitucional. Reacciono y pregunto ¿para qué?; bueno, querían que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia sea presidenta, (…) entonces yo dije, no está en nuestros planes asumir la Presidencia, aquí son elecciones, hasta medianoche negociamos”, dijo.
Según las versiones que le daban desde Bolivia, el Gobierno de Áñez pretendía dejar la Presidencia en agosto a la titular del TSJ, María Cristina Díaz. Cabe aclarar que esa figura, que se aplicó en 2005, ya no está vigente en la actual Constitución Política del Estado (CPE) que solo delega la sucesión hasta la Cámara de Diputados.
“Otro día comentaré como en una semana hemos cambiado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia”, relató con orgullo.
En junio se produjo la salida de la magistrada, que había reemplazado a Luis Antonio Revilla, juez afín a Morales, y se designó a fines de ese mes a Olvis Egüez Oliva.
Finalmente, Morales volvió a asumir su rol en los conflictos de agosto de 2020, cuando se produjo el bloqueo de caminos que afectó la distribución de oxígeno a los hospitales en pleno pico de la pandemia de Covid-19.
El MAS activó a los llamados “autoconvocados” para realizar las medidas de presión y con ello exigir que las elecciones se desarrollen en septiembre. El TSE definió como fecha el 18 de octubre.
“He sido partícipe para postergar, porque finalmente el Tribunal Supremo Electoral se comunicó conmigo mediante algunos compañeros para postergar, yo calculé (y dije) qué mejor, porque el gobierno de facto con la pandemia se estaba hundiendo, más la corrupción”, agregó.
Para el expresidente y excandidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, las declaraciones del líder cocalero constituyen una confesión de delitos.
“La declaración de Morales sobre su contubernio con funcionarios serviles del TSE y el TSJ para cambiar autoridades judiciales y afectar decisiones electorales es confesión de delitos y una muestra de que el complot masista contra la democracia en 2019 y 2020 fue gigantesco”, citó Mesa vía Twitter.
La declaración de Morales sobre su contubernio con funcionarios serviles del TSE y el TSJ para cambiar autoridades judiciales y afectar decisiones electorales es confesión de delitos y una muestra de que el complot masista contra la democracia en 2019 y 2020 fue gigantesco.
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) June 28, 2021
