La Alcaldía de La Paz revela un escándalo urbanístico al identificar 17 construcciones de la empresa Las Loritas Edificios, propiedad del empresario Harold Lora. Según las autoridades municipales, solo dos proyectos cuentan con los permisos correspondientes, mientras que las demás edificaciones no poseen la autorización requerida y violan las normativas de construcción.
Jannet Zenteno, jefa de la Unidad de Administración Predial y Control Territorial, detalla en una entrevista con Brújula Digital que, de los 17 edificios identificados en el proyecto Loritas, solo se han autorizado legalmente dos: uno en Irpavi, limitado a cinco pisos, y otro en la calle 15 de Calacoto, con permiso para ocho plantas.
La Dirección de Política Urbana y Territorial, liderada por Juan Ramón Rivera, confirma que ninguna de las 17 edificaciones cuenta con los permisos necesarios y violan las normativas municipales de construcción.
Zenteno explica que, en algunos casos, las empresas han obtenido permisos oficiales, pero han excedido el número de plantas permitidas. Se inician procesos de fiscalización para abordar estas irregularidades, incluyendo el proyecto Loritas 10 en Calacoto y otro en Irpavi, donde se ha construido más allá de las autorizaciones.
La funcionaria destaca que algunos edificios han iniciado procesos de regularización, pero aún así, continúan la construcción sin cumplir plenamente con los requisitos legales. Entre ellos, menciona un edificio en San Antonio y dos en la Av. Víctor Zapana en Següencoma.
El edificio de Las Loritas que alberga las oficinas de Harold Lora, ubicado entre las calles 6 y 7 de Obrajes, no tiene «ningún tipo de autorización», según Zenteno. Este edificio está sujeto a múltiples procesos de fiscalización por incumplir la normativa municipal.
La controversia se intensifica luego de que personas afectadas por presuntas irregularidades iniciaron una huelga de hambre exigiendo la devolución de sus inversiones. Adolfo Severich, uno de los afectados, señala que el edificio Loritas 7, ubicado en la Av. Hugo Ernest, ha excedido el número de pisos aprobados.
La Alcaldía informa que se han iniciado procesos de fiscalización en respuesta a estas denuncias, mientras que afectados buscan soluciones a través de audiencias de conciliación suspendidas en dos ocasiones y reinstaladas en el Ministerio de Justicia. La Alcaldía es acusada de complicidad por no realizar fiscalizaciones previas.
