Un diputado perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia, Juan José Jáuregui, enfrenta graves acusaciones este lunes por parte de múltiples mujeres que alegan haber sido extorsionadas con la promesa de empleo en la Asamblea Legislativa y otras instituciones estatales a cambio de supuestas relaciones sexuales. Algunas de las víctimas incluso son menores de edad.
Según informes, tres mujeres adultas y dos menores han presentado denuncias hasta el momento, afirmando que el diputado les habría solicitado relaciones sexuales a cambio de oportunidades laborales. El abogado Lurwyn Ledezma, que representa a algunas de las víctimas, detalló: «Estamos hablando de cinco víctimas de momento que se sumarán a la denuncia penal. Incluso este sujeto les llevaba a su habitación donde vive, en la Tejada Sorzano en La Paz».
Los hechos salieron a la luz después de que una de las mujeres presentara una denuncia penal la semana pasada en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba. Los cargos incluyen trata y tráfico, uso indebido de influencias y extorsión, entre otros. Se alega que Jáuregui establecía vínculos de amistad con las mujeres, ofreciéndoles trabajos en el Legislativo y en ministerios gubernamentales. Sin embargo, después de mantener relaciones sexuales con ellas, presuntamente dejaba de responder a sus llamadas.
El abogado Ledezma también denunció que el diputado habría buscado el contacto de menores de edad, incluso solicitando encuentros íntimos con chicas de entre 16 y 17 años. Conversaciones de WhatsApp entre el legislador y una mujer muestran cómo discutieron la posibilidad de un encuentro con tres chicas de 16 años. En los mensajes, Jáuregui también se refiere al precio de las «sesiones».
El abogado Ledezma destacó que este comportamiento es inaceptable y exhortó a las autoridades pertinentes a tomar medidas: «No se puede permitir que él siga al frente de la comisión», dijo refiriéndose a que Jáuregui preside la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, encargada de preseleccionar candidatos a magistrados del Órgano Judicial.
La denuncia inicial presentada en Tiquipaya fue trasladada a La Paz debido a la residencia del legislador en la capital. El caso ha generado un debate sobre la conducta ética y la idoneidad de un diputado en una posición de responsabilidad que enfrenta acusaciones tan serias.
