Gastos insulsos, contratación de personal, muchos exfuncionarios públicos impagos luego de ser despedidos (sin haber recibido su memorándum) es el país “en quiebra” que dejará la administración de la presidenta Jeanine Áñez, sostuvo la diputada por el Movimiento Al socialismo (MAS), Sonia Brito.
“Muy preocupados porque nos dejarán varios ministerios en crisis, los actuales y exfuncionarios nos indican que están impagos, han sacado dineros sin respaldo de manera irresponsable, sin cumplir procedimientos”, afirmó la legisladora en contacto con Gaceta del Sur.
A ello se suma, dijo el cierre de empresas del Estado lo que en su criterio es resultado del sabotaje que sufrió la economía boliviana y claro ejemplo de ello es el no pago de algunos bonos como el Juana Azurduy de Padilla, al igual que el Bono Moto Méndez y el Juancito Pinto “bajo presión está empezando a pagar”.
Brito sostuvo que el actual Gobierno no debería haber tocado la economía, porque no era su función, toda vez que solo debía convocar a elecciones generales para elegir a quienes administren el Estado y afrontar la pandemia del coronavirus. “Se ha tomado atribuciones que no tenía”.
“Estamos muy preocupados porque el próximo gobierno heredará una terrible crisis económica. Este gobierno se dedica a gastar lo que no tiene, ahí está el adelanto del aguinaldo para las personas de la tercera edad, que quedarán totalmente abandonadas a fin de año”, sostuvo.
Aclaró que esta situación a futuro tendrá responsabilidades, a pesar de que abandonen el poder “ellos (actuales gobernantes) deberán responder a los varios procesos que aparecerán por el daño económico que le hacen al Estado y pueblo de Bolivia”.
En ese sentido, afirmó que el próximo gobierno descubrirá “las barbaridades en lo que está incurriendo este gobierno”.
En cuanto a las denuncias sobre nepotismo, vulneración a los derechos laborales (personas con discapacidad ilegalmente despedidos), sin contar persecuciones judiciales, amenazas y otros.
Ante ese panorama, comprometió sus oficios para efectuar el seguimiento y fiscalización respectiva.
