La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por la detención que considera arbitraria de un general del ejército boliviano, planteando cuestionamientos sobre la independencia judicial en un contexto político controlado por el partido de gobierno. A estas críticas se suman voces tanto internas como externas, que plantean dudas sobre la transparencia y la corrupción en la gestión del presidente Luis Arce.
Incluso el ex presidente Evo Morales ha entrado en la discusión, expresando su incomodidad ante las acusaciones de «narco-estado» que se han esparcido, y señalando que durante su mandato no se habían utilizado tales términos. A esto, el gobierno respondió de manera áspera, insinuando que Morales necesitaría educación.
Sin embargo, la controversia aumenta con la decisión del ministro de gobierno, Fernando del Castillo, de llevar a cabo la destrucción en tres días de 26 factorías de droga en la región del Chapare, cercana al hogar de Morales. A pesar de estas acciones, ninguna detención ha sido reportada, lo que ha generado especulaciones y críticas.
En medio de estas tensiones, el narco uruguayo Sebastián Marset ha realizado burlas públicas hacia el gobierno boliviano, aumentando aún más la presión. En respuesta, el ministro de gobierno ha sido objeto de insultos por parte de Marset, quien lo llamó «burro». Además, el uruguayo ha cuestionado los «secuestros» de opositores por parte del ministro.
Sin embargo, la condena que más preocupa al gobierno es la de la CIDH, que ha solicitado información adicional sobre los derechos vulnerados del ex comandante del Ejército, general Pastor Mendieta, quien lleva 29 meses detenido en la cárcel de La Paz. Mendieta es uno de los militares detenidos en el caso denominado «golpe de Estado I», que involucra a varios oficiales en ejercicio.
El contexto político y judicial en Bolivia continúa siendo turbulento. Los actuales jefes militares han optado por el silencio en relación a sus colegas detenidos, aunque el general Jorge Terceros, uno de los detenidos, ha insistido en su defensa y ha exigido que los jueces citen a los ministros y seguidores de Morales que en 2019 respaldaron su salida del poder.
El país cuenta con 265 presos políticos en este caso, lo que ha llevado a que la CIDH siga atentamente este asunto. A medida que el conflicto se profundiza, el ex presidente Morales ha lanzado acusaciones de corrupción contra el ministro de justicia, Iván Lima, quien ha respondido con desafío y negando las acusaciones.
En este contexto, un estudio realizado por el «Anticorruption group» del Council of the Americas ha situado a Bolivia y Venezuela como los países más corruptos de la región. El informe destaca la necesidad de un mayor compromiso ciudadano y mediático en la lucha contra la corrupción, resaltando que Bolivia muestra uno de los niveles más bajos de involucramiento en la región.
