La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que ha pospuesto hasta julio, en acuerdo con el Gobierno, la presentación de su informe final sobre las masacres políticas ocurridas en noviembre de 2019 en Bolivia.
«Con la publicación del Informe Final, previsto para el mes de julio de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones», dijo la CIDH en un comunicado.
La investigación se centra en la muerte de al menos 37 personas, la mayoría víctimas civiles de la represión policial-militar ordenada por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, quien tomó el poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
Esa crisis se produjo tras las elecciones de octubre de 2019, cuando denuncias de un supuesto fraude de Morales fueron seguidas por protestas callejeras, un motín policial y un pronunciamiento militar que forzaron la renuncia del líder indígena.
Investigación
Los asesinatos de manifestantes civiles contra la ruptura del orden democrático fueron calificados como masacres por una misión de la CIDH que visitó Bolivia entre noviembre y diciembre de 2019, lo que dio pie a un acuerdo para la creación del GIEI-Bolivia que inició su labor un año después, ya bajo el gobierno de Luis Arce.
El GIEI debía presentar su informe a fines de mayo, pero se acordó la prórroga «no sólo por las dificultades que impuso la pandemia, sino también por la gran cantidad de material solicitado a los órganos estatales, los que necesitaron de plazos razonables para compilar la información», dijo la CIDH.
Para preparar su informe, que abarcará sucesos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, el GIEI «desarrolló una intensa agenda de trabajo» en varios lugares de Bolivia, que le ha permitido recopilar más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales, destacó el comunicado.
Los expertos han recibido testimonios de 360 personas y desarrolla reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, partidos políticos, personalidades públicas, miembros del Gobierno, fiscales, jueces y exautoridades, añadió el texto.
Julián Burger, un miembro del GIEI citado en el comunicado, afirmó que ese grupo «ha recabado información de una amplia gama de fuentes y de todas las partes interesadas… (con objeto de) ofrecer un relato completo, veraz y equilibrado sobre los acontecimientos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019».
Independientemente de la CIDH, el parlamento boliviano investigó la violencia política de 2019 y emitió en octubre del año pasado un informe que recomendó la instauración de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez, su gabinete ministerial y varios exjefes militares y policiales.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 por otra denuncia que apunta a enjuiciarla en un tribunal penal ordinario por supuestos delitos constitucionales en su toma del poder. (Tomado de Sputnik)
