Más de 200 violaciones a los Derechos Humanos y la libertad de expresión e información fueron denunciadas por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), en reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ayer inició su visita al país.
Tras iniciarse el encuentro, realizado en un hotel de la zona Sur de La Paz, donde se aloja la delegación, cada uno de los representantes de las entidades periodísticas denunció las violaciones a los Derechos Humanos que se registran en Bolivia y las presiones que se ejercen contra el trabajo de la prensa.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco Guzmán, organización que aglutina a los diarios y revistas del país, hizo énfasis en las presiones de diverso tipo que realiza el Gobierno contra los medios, por ejemplo el uso de la oficina de Impuestos Nacionales, además de otras reparticiones.
También denunció la distribución arbitraria de la publicidad estatal como premio a los medios oficialistas y castigo a los medios independientes.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, dio una visión general sobre situación de las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia y mencionó tres casos específicos: los del dirigente cívico Marco Antonio Pumari, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de la expresidenta Jeanine Añez.
Del primero señaló que es acusado sin pruebas de haber alentado el incendio de Tribunal Departamental electoral de Potosí y que se encuentra con detención preventiva desde hace 15 meses.
Sobre la expresidenta Añez, Peñaranda dijo que la Constitución y las leyes bolivianas establecen que un exmandatario solo puede ser juzgado mediante un Juicio de Responsabilidades y en ningún caso en un juicio ordinario. El presidente de la APLP también dijo que en el país existe casi un centenar de presos políticos.
También se hizo mención a que de acuerdo con la fundación Unitas, en 2018 se producía una agresión o acto de violencia contra los periodistas cada seis días y ello ha ido agravándose hasta este momento, en el que existe una cada dos días. Antes de la llegada de Evo Morales al poder, los ataques a los periodistas eran inusuales.
Asimismo, fue referido el caso de Las Londras, donde seis periodistas fueron torturados, secuestrados y forzados a firmar un documento en el que prometían no volver al lugar de la toma de tierras de un grupo afín al MAS, o las golpizas a periodistas de Santa Cruz sucedidas en el segundo semestre de 2022.
El expresidente de la asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, hizo un repaso de la manera cómo el gobierno amedrenta a los periodistas al identificarlos y calificarlos como opositores.
Recordó que el expresidente Morales calificó como “enemigos” de su gestión a los periodistas cuando ellos, dijo Glasinovic, no son enemigos de nadie excepto de la corrupción y los abusos.
Inmediatamente antes de recibir a los periodistas independientes y los y sus asociaciones ingresaron a una reunión un grupo de periodistas cercano al oficialismo.
Antes del ingreso de los representantes de entidades periodísticas, la comisión recibió a un grupo de comunicadores oficialistas o cercanos al gobierno, entre los que destacaban Freddy Morales, de Telesur; Jaime Iturri, de ATB, y Julio Peñaloza, de La Razón.
En la reunión, de parte de la CIDH estuvieron presentes Pedro Vaca, el relator para la libertad de prensa, y la primera vicepresidenta de la entidad, Esmeralda de Troitiño.
