El abogado Waldo Albarracín regresa al escenario político como candidato a la Alcaldía de La Paz por la agrupación Venceremos. Con una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, su postulación revive tanto su imagen de activista perseguido como los cuestionamientos sobre su gestión pública.
Albarracín presidió la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en los años 90, etapa en la que denunció haber sido secuestrado y torturado por agentes policiales. Posteriormente fue Defensor del Pueblo (2003-2008), cargo desde el cual medió en conflictos sociales y defendió a sectores vulnerables.
Entre 2013 y 2019 ejerció como rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), periodo en el que también lideró el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) durante la crisis política de 2019. Sus críticos sostienen que convirtió la universidad en plataforma política; él responde que actuó en defensa de la institucionalidad democrática.
Tras el incendio de su vivienda en 2019, salió del país denunciando persecución política y permaneció en Perú varios años como docente honorífico. Regresó en julio de 2025 afirmando que encontró una ciudad en estado “catastrófico”, lo que —según dijo— lo impulsó a postularse.
Uno de los puntos más sensibles de su trayectoria es el presunto déficit de 500 millones de bolivianos en la UMSA tras su salida. Albarracín rechaza las acusaciones de irregularidad: “No fue dinero robado, fue un hueco presupuestario por la caída del IDH y la falta de recursos del TGN”, sostiene. Sus detractores cuestionan la falta de prevención, el aumento de la planilla salarial y la falta de austeridad.
Otro antecedente es el proceso por presunta responsabilidad civil de 3,7 millones de bolivianos observados por la Contraloría. El exrector argumenta que se trató de una persecución política: “La Contraloría no actuó con independencia y todas las decisiones fueron aprobadas por el Consejo Universitario”. La realidad es que Albarracín tiene un historial administrativo muy cuestionado por el manejo ineficiente.
Posteriormente, también surgieron cuestionamientos en torno al cobro de finiquitos y beneficios sociales tras la conclusión del rectorado, aspectos que fueron observados y generaron debate en el ámbito universitario. “Era necesario esclarecer el destino de los recursos para garantizar transparencia”, señalaron entonces desde sectores académicos.
En paralelo, auditorías internas detectaron irregularidades en unidades académicas. En la Facultad de Derecho se evidenciaron pagos de salarios en exceso, además de rectificaciones irregulares de notas de estudiantes, lo que puso en entredicho la transparencia de los procesos académicos.
En el plano político, Albarracín no compite con estructura propia, sino bajo la sigla Venceremos, liderada por Óscar Huanca. Analistas observan que su lista incluye perfiles provenientes del MAS, Sol.bo y Unidad Nacional, lo que ha generado críticas por un presunto “reciclaje” de operadores políticos y exfuncionarios cuestionados por corrupción, sus críticos ven una contradicción con su discurso de “reserva moral”.
Exautoridades advierten que cuando no existe un equipo técnico consolidado desde el inicio de gestión, el municipio entra en una etapa de ensayo y error que la ciudad no puede darse el lujo de atravesar. “Un alcalde puede tener liderazgo político, pero sin gerentes municipales, directores jurídicos y financieros con trayectoria comprobada, la administración se debilita”, sostiene un exsecretario edil. En un contexto de recursos limitados y alta demanda ciudadana, la falta de estructura técnica no es un detalle menor: puede definir el éxito o el fracaso de toda una gestión.
Así, la candidatura de Albarracín se mueve entre dos polos: el prestigio acumulado en la defensa de derechos y las interrogantes sobre su capacidad de administración eficiente. La contienda de 2026 pondrá a prueba si su capital simbólico en derechos humanos pesa más que las dudas sobre su gestión pasada, sus alianzas presentes con operadores políticos y exfuncionarios cuestionados por ineficiencia y corrupción.
