El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miercoles que el exministro del gobierno de Áñez, Arturo Murillo, fue imputado y detenido en Estados Unidos, según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de ese país.
El Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer este miércoles, mediante un comunicado oficial, que Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, estuvo involucrado en hechos de corrupción en el denominado caso gases lacrimógenos.
Según los indicios, ciudadanos estadounidenses pagaron $us 602.000 en sobornos.
“Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, se lee en parte del comunicado estadounidense.
Indica que, según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic (57 años), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48) participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
“En ese momento, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia; Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano funcionario del gobierno. Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $us 5.6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”, se lee en otra parte del comunicado.
Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EEUU y otros factores legales.
